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En la tercera audiencia del juicio por la causa conocida como “Cuadernos”, se escucharon extractos fundamentales de la confesión como imputado colaborador del financista Ernesto Clarens, quien relató su rol dentro del esquema de recaudación de dinero ilegal vinculado a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
La causa se originó a partir de los cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, que dieron lugar a una investigación judicial en la que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que varios funcionarios y empresarios integraron una asociación ilícita que operó entre mayo de 2003 y noviembre de 2015, con el objetivo de recaudar fondos ilegales para uso personal y para la comisión de otros delitos.
Según se expuso en el juicio, esa estructura derivó además en diversas causas conexas relacionadas con las coimas en la importación de gas licuado, la concesión de peajes, los subsidios al transporte, la cartelización de la obra pública y maniobras de lavado de activos atribuidas al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Algunos tramos de estas causas ya fueron juzgados y cuentan con condenas.
Durante la audiencia, se leyeron las declaraciones de Clarens, hombre vinculado al empresario Lázaro Báez, quien afirmó haber participado en la conversión de pesos a dólares provenientes de los pagos ilegales que realizaban empresas contratistas del Estado.
De acuerdo a su testimonio, su intervención comenzó a mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, lo convocó a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como “la Camarita”. Allí, según relató, se le informó que el Gobierno nacional había decidido establecer un mecanismo de recaudación a través de la obra pública y que él debía encargarse de recibir el dinero entregado por las empresas y hacerlo llegar a José López, secretario de Obras Públicas, o a quien este indicara.
Clarens sostuvo que fue elegido por su vínculo con Lázaro Báez y que, tras consultar con López y Báez, fue contactado por Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, con quien coordinaba los encuentros según los montos a entregar.
En su relato, explicó que las empresas enviaban a sus titulares o a representantes de confianza a sus oficinas, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, para entregarle el dinero en efectivo. Entre las compañías mencionadas en su testimonio figuraron Helport, Iecsa, Chediack, Losi, Cartellone, Esuco, Decavial y Coarco. Aclaró que otras firmas, como CPC y Electroingeniería, tenían un circuito directo y no le entregaban a él el dinero.
Sobre el mecanismo, indicó que recibía los fondos en pesos, acompañados de una anotación que detallaba el monto cobrado y el concepto, y que luego convertía ese dinero en dólares en el mercado informal, percibiendo una comisión por esa operación. Según detalló, los montos podían rondar los 300.000 dólares por entrega semanal, equivalentes aproximadamente al 10% de lo cobrado por las empresas en certificados de obra.
Explicó también que, en algunos casos, Daniel Muñoz le solicitó entregar parte del dinero en billetes de 500 euros por una cuestión de espacio. Los encuentros para las entregas se realizaban en el Hotel Panamericano o en el edificio de la calle Juncal y Uruguay, donde residía el matrimonio Kirchner. Aclaró que nunca subió al departamento.
En su declaración también se refirió al funcionamiento interno de la “Camarita”, donde las empresas se reunían para coordinar las licitaciones, realizar intercambios de turnos (“pases”) y establecer qué firmas acompañarían a la adjudicataria en cada obra. Indicó que los presupuestos se ofertaban con un sobreprecio aproximado del 20% sobre el valor oficial, compuesto por un 10% de coimas y un 10% destinado a generar dinero negro.
Clarens manifestó que no participó en la selección de las empresas adjudicatarias, pero sí en la operatoria posterior vinculada a la recaudación.
En un tramo de su testimonio, hizo referencia directa a Cristina Kirchner. Según se leyó en audiencia, afirmó que en una oportunidad José López le transmitió una orden de la entonces Presidenta para favorecer a la empresa de Cristóbal López en una obra en Santa Cruz, específicamente un tramo de la Ruta 40, solicitándole que llamara a quienes habían comprado el pliego para que se retiraran o acompañaran.
También sostuvo que, tras la muerte de Néstor Kirchner, José López le comunicó que se había discontinuado la recaudación, aunque luego volvió a referirse a nuevas instrucciones vinculadas a la empresa GOTTI, relacionada con Lázaro Báez. Según su relato, por orden de la entonces Presidenta se debía asistir financieramente a esa firma para evitar su caída.
En ese contexto, detalló que se firmó un convenio de gestión financiera entre GOTTI y COFICRED, y que posteriormente la empresa fue adquirida por Rovella.
Consultado sobre los motivos por los cuales Cristina Kirchner habría intervenido en favor de esa compañía, Clarens dijo no conocerlos con certeza, pero sugirió que podía tratarse de una promesa realizada previamente por Néstor Kirchner a los propietarios de la firma.
En otra parte de su declaración, Clarens indicó que entre 2012 y 2013 hubo una recaudación destinada a la campaña kirchnerista, mencionando como aportantes a empresas como Esuco, Cartellone, Losi, Chediack y Roggio. Según relató, él se encargaba de cambiar ese dinero por dólares y entregarlo a José López en un departamento cercano al Hotel Faena, en Puerto Madero.
También sostuvo que el pedido de dinero continuó en 2014 y 2015, y que José López le explicó que parte de esos fondos eran requeridos para atender compromisos vinculados al programa Sueños Compartidos, mencionando un pedido vinculado a Hebe de Bonafini por 70 millones de pesos.
Según Clarens, José López preparaba junto a Cristina Kirchner los listados de pagos de Vialidad Nacional, estableciendo el orden en que las empresas cobraban.
En el cierre de su confesión, se leyó un pasaje en el que relató lo que le habría dicho Daniel Muñoz sobre el destino final del dinero. Según su versión, los fondos eran almacenados en una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, dentro de archivos metálicos, y eran transportados en aviones oficiales que partían desde el sector militar de Aeroparque hacia Río Gallegos o El Calafate.