El escenario argentino, a quince meses del comienzo de la presidencia de Javier Milei, obliga a evaluar hasta donde será posible que la dirigencia, oficialistas y opositores, sigan acomodando la interpretación de la Constitución a la construcción de poder.
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El escenario argentino, a quince meses del comienzo de la presidencia de Javier Milei, obliga a evaluar hasta donde será posible que la dirigencia, oficialistas y opositores, sigan acomodando la interpretación de la Constitución a la construcción de poder.
Es cierto que un gobierno con minoría parlamentaria se encuentra en una encrucijada insalvable. Mientras se encuentre con una oposición dispuesta a bloquear todas sus iniciativas, simplemente, por las antípodas ideológicas, un presidente sin legisladores se ve tentado de abusar de los decretos de necesidad y urgencia más allá de los límites. En esta materia, ya la Constitución se encuentra avasallada desde que Cristina Kirchner, que nunca estuvo en la orfandad parlamentaria de Milei, dispusiera que para que esos DNU tuvieran fuerza de Ley basta con la aprobación de una cámara. En realidad, pocos en la Argentina parecen rendir culto a la Constitución, cuyo intérprete último es la Suprema Corte.
Un ejemplo: la designación de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla por decreto para cubrir las vacantes de la Corte fue denunciada como inconstitucional por el mismo kirchnerismo que durante muchos años intentó echar a todos sus miembros, exclusivamente, porque no eran genuflexos, iniciativa a la que sumó ataques, agravios y movilizaciones, alentadas desde el Ejecutivo, tratando de erosionar la independencia de poderes. De todos modos, en ese conflicto subyacen décadas de historia.
Barquinazos con historia
La descomposición de la economía a partir de los años '80 fue un fenómeno latinoamericano derivado de la crisis de la deuda externa, contraída durante la etapa golpista. Un problema clave, la inflación, fue controlado por la convertibilidad. Enamorado de su obra, el justicialismo no fue capaz de ver el imperativo de racionalizar el gasto público, optimizar la calidad educativa y el desarrollo tecnológico y alentar inversiones generadoras de empleo.
Y como "la emergencia" sirve de pretexto para cualquier aventura, cuando el presidente Fernando de la Rúa fue eyectado del poder por una asonada opositora, su reemplazante no fue el sucesor natural, que en ese momento era el presidente del Senado, sino por Eduardo Duhalde, elegido por aclamación por el Congreso, después de una seguidilla de presidentes en una semana. El mismo Congreso que, en medio de ese caos, votó con euforia la declaración de default.
"La persistente politización de la Justicia que convierte a los acuerdos en juegos de tahúres".
Por eso pareció casi elogiable (para desprevenidos) que Néstor Kirchner echara a los gritos a la "corte menemista", por una causa que, en definitiva, se sustanció en un juicio político por una causa dudosa, la única firmada por los cinco (de los nueve jueces) calificados como la "mayoría automática". Más de un millar de denuncias fueron desechadas y seleccionaron la única que firmaron solo esos cinco jueces y correspondía a un dictamen emitido durante la presidencia de Duhalde. Más allá de la discutible calidad de esa corte, todo fue compulsivo. Son muchos los ejemplos de atropello a la constitucionalidad en los últimos 25 años.
Juego de tahúres
Ningún juez debería asumir sin acuerdo del Senado. Sin embargo, desde hace cinco años, hay 150 pliegos de jueces federales y el de Procurador General a los cuales el Senado ni siquiera trató. Pero todos estos episodios ponen en evidencia la persistente politización de la Justicia que convierte a los acuerdos en juegos de tahúres. Y eso, sin duda, es intrínsecamente inconstitucional.
Esto no justifica a Milei porque, entre otras cosas, él debería mostrar real transparencia escuchando, por ejemplo, las objeciones de los colegios profesionales acerca del currículum de Lijo. Ese también sería un mandato constitucional. Pero, en el Senado, el kirchnerismo no habló de ese juez, al que muchos prefieren no disgustar; no obstante, multiplicó argumentos meramente ideológicos y oportunistas para bloquear a García Mansilla.
"Son muchos los ejemplos de atropellos a la constitucionalidad en los últimos 25 años".
Es que la vocación de constitucionalidad se diluye en la Argentina. Empieza a mostrarse como un mito. Probablemente, porque los partidos se fragmentan y forman alianzas poco comprensibles; de ese modo desaparecen los proyectos y cobran cada vez más peso los intereses y, a veces, ideologías ya fracasadas.
Gobernar sin el Parlamento
El presidente y su ministro, Luis Caputo, parecen haber cerrado un acuerdo sobre la deuda del país que debe ser presentado en su totalidad, tanto el texto final como la letra chica. Y también quiere refrendarlo por decreto, sin informar debidamente al Congreso sobre el alcance de los compromisos.
Es decir, gobernar sin el Parlamento. Esto no solo es inconstitucional, es insostenible en el largo plazo. Los ejemplos del conservador despótico Alberto Fujimori y del improvisado Pedro Castillo, ambos del Perú y ambos "outsiders" de la política, son muy elocuentes.
Los logros obtenidos por la gestión de Javier Milei en el control de la inflación pueden ser decisivos para ganar espacio propio en el Congreso, pero eso no basta. La política no es solo números y confrontación, es indispensable construir consensos.
La fractura que supone el actual divorcio con la oposición parlamentaria debe ser resuelta políticamente, y eso solo se logra con negociación y diálogo. Es difícil cuando la política se convierte en partida de poker, pero es imprescindible para generar seguridad jurídica, estabilidad política y perspectivas de largo plazo que alienten la inversión externa. Sin esta, no habrá reactivación de la producción y el empleo genuino.
Las cripto
El escándalo generado por la moneda digital $LIBRA, que compromete a Karina Milei es un golpe duro para el gobierno. Y la patoteada del extravagante asesor Santiago Caputo, acompañado por "pesados de las redes militantes", contra Facundo Manes es una muestra de torpeza. Se suma al error de principiante que cometió el mismo asesor cuando interrumpió la entrevista del presidente con Jonatan Viale, una muestra de desconfianza inexplicable y una sospecha muy seria de que el caso del criptomoneda lo ha superado.
En el mundo, las democracias occidentales atraviesan momentos críticos. La caída de la economía se hace sentir en los hogares y es decisiva en el ánimo de la gente. Lo cierto es que la democracia como sistema no tiene la culpa. La responsabilidad es de los políticos que abandonan la cultura democrática.
Rechazo de la oposición
Desde la oposición cuestionan el acuerdo con el FMI, pidiéndole explicaciones al ministro de Economía. Miguel Ángel Pichetto, diputado y presidente del bloque Encuentro Federal, aseguró que "el Gobierno está eludiendo una responsabilidad legal, que es la ley de administración financiera".