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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave en la causa Vialidad al girar el expediente de Cristina Fernández de Kirchner a la Procuración General, y dejó en claro que el futuro político de la ex presidenta pende de un hilo. El cronograma electoral marca el 17 de agosto como fecha límite para oficializar las candidaturas a legisladores nacionales, y si el fallo definitivo llega antes de esa fecha, su nombre quedará fuera de las boletas.
La Cámara Nacional Electoral fijó ese plazo en el marco de las elecciones generales que se celebrarán el 26 de octubre, lo que pone aún más presión sobre el Máximo Tribunal. Actualmente, Cristina Kirchner espera una definición clave de la Corte, tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Ahora, la Corte Suprema le pidió opinión al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para decidir si acepta los recursos extraordinarios que presentaron tanto la fiscalía como la defensa. El dictamen de Casal no es vinculante, pero suele ser considerado como un elemento importante en el fallo final del tribunal.
El fiscal quiere más: piden 12 años de prisión
Por un lado, el fiscal Mario Villar busca que la ex presidenta reciba una condena más dura. Presentó un recurso de queja luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara su pedido de que se sumen otros seis años por asociación ilícita. Villar sostuvo que fue “una decisión inválida” absolver a Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez por ese delito, y calificó el fallo como “arbitrario”.
Por el otro, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Alberto Beraldi, intenta revertir la condena por administración fraudulenta. Argumentan que hubo irregularidades en el proceso y presentaron una queja para evitar que la sentencia quede firme.
Qué pasa si la Corte confirma la condena
De avanzar la Corte en contra de Cristina, la situación cambiaría drásticamente: la pena quedaría firme y, aunque podría solicitar prisión domiciliaria por su edad (72 años), la inhabilitación perpetua para cargos públicos sería inmediata, bloqueando cualquier intento de regreso electoral en las elecciones de este año.
El contexto político agrega tensión. En medio de un peronismo dividido, la ex presidenta baraja una posible candidatura a legisladora provincial por Buenos Aires. En caso de resultar electa, obtendría fueros que la blindarían judicialmente. Sin embargo, todo depende de los tiempos judiciales.
El juez de la Corte Juan Carlos Maqueda se refirió recientemente a la situación y lanzó una advertencia que podría marcar el rumbo: “La Corte no puede dedicarse a revisar una sentencia cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común. Tiene que haber una cuestión constitucional para que intervenga”.
El reloj corre y el escenario se encamina a un desenlace decisivo: o la Corte congela su pronunciamiento y le da margen a Cristina para volver a las urnas, o cierra la puerta a su carrera política para siempre.