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El fallo adverso de la jueza Loretta Preska, de Nueva York, que obligaría a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de una deuda de la empresa, es un capítulo más en nuestra larga historia de fondos buitres y funcionarios mediocres y un país endeudado.
La mala praxis en la reestatización de la empresa, una "nacionalización" tramitada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Carlos Zannini en 2012, desemboca ahora en una deuda descomunal que el país no podrá eludir.
El monto de la deuda reclamada es de US$ 16.000 millones, más intereses acumulados en diez años. En 2015, cuando Cristina dejó la presidencia, estaba valuada en US$ 5.850 millones. El gobierno había acordado pagar a Repsol por el 51% de las acciones de la compañía, unos US$ 6.000 millones en bonos, que al contabilizar capital e intereses ascendía para esa fecha a unos US$ 10.000 millones. Todo "en rojo".
Pero el origen de esta demanda de la jueza Loretta Preska enrarece mucho más el panorama. Y obliga a pensar, con seriedad, que "estatismo" no es garantía de "transparencia".
En los '90, cuando Néstor Kirchner privatizó el Banco de Santa Cruz, el banquero Enrique Eskenazi ganó la presidencia de la entidad y se convirtió en socio financiero del gobernador.
En 2008, gracias a la presión del expresidente, Repsol vendió el 25% de las acciones a Eskenazi, quien se incorporó a través de sus empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora y que pagaría con créditos de un grupo de bancos, encabezados por el Credit Suisse, y con los dividendos que brindaran esas acciones. Fue llamado "la argentinización de YPF". Las empresas, desconfiando de la epopeya, fueron creadas en España para que, en caso de conflictos, quedaran bajo jurisdicción neoyorkina. Y el conflicto llegó cuando el gobierno de Cristina decidió echar a Repsol y a todos los accionistas.
Y lo hizo incumpliendo la ley vigente, que obligaban a licitar la totalidad de las acciones. Cuando le advirtieron el detalle, Kicillof sostuvo que "sería estúpido cumplir una norma interna de la empresa". Pero no, la norma tenía fuerza de ley.
Eskenazi se quedó sin acciones y sin ganancias para seguir pagando con dividendos que obtenían. Y el Grupo Petersen fue a la quiebra. En España, Burford Capital compró los derechos de litigio del ex socio de los Kirchner.
Y así llegamos a esto.
YPF, gracias a Vaca Muerta y a la lenta recuperación del déficit energético del país, logró sortear la baja confiabilidad de la economía argentina.
La Argentina no puede dejar a YPF en manos de fondos oportunistas que no tienen interés en las acciones, sino en un acuerdo entre terceros. Tampoco puede seguir cargando con deudas propias de un país errático en sus políticas. No es consuelo, pero es una advertencia: al chavismo le fue peor porque la manipulación política de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) convirtió a una potencia hidrocarburífera en un Estado fallido.
Ahora no queda otra que apelar a los recursos jurídicos, a los contactos políticos y a la familiaridad del actual gobierno con los grupos financieros para negociar una salida. El valor de mercado de YPF no cubriría el monto reclamado por Burford y el Grupo Petersen (que se quedaría con el 30 % de la recaudación).
Pero algo es cierto: esta deuda no fue una ocurrencia de Kicillof, sino una decisión convalidada por el Congreso. Ahora, hay que tomar el toro por las astas. No hay lugar para utilizar la demanda como un mero juego electoral, sino que hay que dejar de lado las ideologías y no seguir con lo que es un verdadero "juego de ventajeros".
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