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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá en hoy si mantiene la suspensión sobre la entrega del 51% de las acciones de YPF al grupo de fondos demandantes, liderado por Burford Capital y Eton Park, o si obliga a la Argentina a depositar esos activos u otros.
Esta decisión tiene un peso fundamental en el desarrollo del juicio iniciado por la expropiación de la petrolera en 2012, en el que la jueza Loretta Preska -a cargo de la causa- estableció el pago con acciones de YPF como parte de la indemnización por US$ 16.100 millones más los intereses generados.
En caso de que la Cámara de Apelaciones no mantenga la suspensión, el Gobierno argentino se enfrentaría a la obligación de transferir las acciones de la petrolera. En ese caso, Burford Capital anticipó que no liquidará ese pago como acto de buena fe.
Otra opción, si se denegara el pedido argentino, es que se acuerde otro tipo de compensación al fondo demandante, como bonos de mediano y largo plazo.
También podría ocurrir que el Gobierno argentino decida no pagar, pero en ese caso el país corre el riesgo de entrar en desacato, lo que conlleva serias consecuencias como el posible embargo de reservas del Banco Central, la intervención para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
La historia de este juicio se remonta a 2015, cuando los fondos demandantes, entre los que se encuentra Burford, comenzaron a litigar en Nueva York debido a la expropiación del 51% de las acciones de YPF. El origen del conflicto está en la falta de una oferta pública de adquisición (OPA) por la que Argentino debió haber comprado el total de las acciones de YPF (tanto las de Repsol que son las que adquirió, como las del grupo Petersen, al que no le hizo ninguna oferta), lo que dio lugar a un proceso legal en los tribunales de EEUU.
Burford Capital compró el derecho a litigar en representación del Grupo Petersen, que adujo haberse visto afectado por la reestatización de la empresa.
El juicio tiene implicaciones no solo financieras, sino también políticas. La expropiación fue una de las medidas clave durante la presidencia de Cristina Kirchner, y el actual proceso pone en juego la soberanía económica de Argentina frente a los tribunales internacionales.