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La expresidenta Cristina Kirchner pidió ayer suspender el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, a través de dos escritos dirigidos a la Cámara de Casación en contra de las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a su patrimonio y el de su familia.
Todos los condenados en la causa deben afrontar hoy de forma solidaria US$ 530 millones de dólares para indemnizar al Estado por la administración fraudulenta con la obra pública.
"No tengo bienes" para hacer frente a esa cifra, expresó la exmandataria en sus escritos. Y defendió la legalidad de sus bienes: "Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima", aseguró.
Además, la exmandataria le reclamó a Casación que declare la "nulidad absoluta" del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal, a horas de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito, y por el que hasta ahora no recibió ningún pago. De hecho, tienen hasta hoy a las 9.30 para efectivizar el pago; si no lo hacen, la Justicia puede proceder al decomiso y subasta de sus bienes.
Además, cuestionó la metodología utilizada para el cálculo del monto indemnizatorio y sostuvo que no se puede ejecutar porque no es producto de una sentencia firme.
La defensa de Kirchner argumentó que hubo "errores fácticos y jurídicos" al calcular la suma a decomisar porque se "convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias".
Además, Cristina Kirchner sostuvo que el Tribunal no es competente y que el decomiso se debe tramitar en el fuero civil y comercial, por lo cual exige la suspensión del proceso de decomiso.
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la ex mandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Claves de la apelación
- Cristina Kirchner afirmó que no posee "bienes producto del delito" y cuestionó que el cálculo del monto a pagar sea "un disparate jurídico" sin sentencia firme que lo respalde.
- Señaló que hubo "errores fácticos y jurídicos" porque se convirtió una estimación provisoria en definitiva "sin sustanciación ni debate previo" y se usó el IPC sin justificar el descarte de tasas bancarias.
- Pidió suspender el decomiso hasta que haya una sentencia firme sobre esto, alegando violaciones a garantías constitucionales y que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria.