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La familia Eskenazi, protagonista del ingreso del Grupo Petersen a la petrolera estatal YPF en 2008, deberá esperar para conocer el desenlace del millonario juicio por la expropiación de la compañía. En un fallo emitido este viernes, que fue celebrado por el Gobierno, una Corte de Apelaciones de Nueva York dictaminó a favor de la Argentina y dejó en suspenso la orden de entregar el 51% de las acciones de la compañía para pagar una condena de US$16.100 millones.
La historia se remonta a la compra del 25% de YPF por parte del Grupo Petersen, una operación realizada sin que los compradores desembolsaran capital propio y financiada con la promesa de pagar la deuda con los futuros dividendos de la petrolera.
La decisión judicial de este viernes representa un alivio para el Estado argentino, ya que le permite apelar la sentencia de fondo sin tener que ofrecer garantías ni entregar activos estratégicos. Mientras tanto, los Eskenazi, aunque públicamente se despegan del litigio, siguen de cerca una historia que ellos mismos iniciaron. El Grupo Petersen sostiene que es "totalmente ajeno a la demanda", que no inició el juicio ni vendió derechos a Burford Capital, y que renunció expresamente a litigar contra el Estado argentino.
A pesar de que niegan "en forma tajante" que vayan a recibir dinero de una eventual compensación, en círculos políticos y empresariales circula una "antigua versión, nunca confirmada" de que podrían beneficiarse. Lo cierto es que, con este nuevo fallo, la espera para una resolución definitiva del litigio se extenderá por lo menos un año más.
Uso electoral
El fallo de la Corte de Nueva York que suspendió la orden de entregar las acciones de YPF fue recibido en Wall Street como un "respiro enorme" que trae "tranquilidad" al Gobierno, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas, ya que le da un valioso margen de maniobra.
Más allá del alivio financiero, varios especialistas coincidieron en que el Gobierno tiene ahora una potente herramienta política para usar en la campaña electoral, apuntando directamente al kirchnerismo y la figura de Axel Kicillof.
Alberto Ades, de NWI Management, sostuvo que el fallo le permite al país ganar tiempo. Estima que el pago podría reducirse sustancialmente, de 250 a 4.000 millones de dólares, pero "nada cercano a 16.000".Y anticipa que el Gobierno usará el fallo en la campaña para argumentar que "con preparación, esfuerzo e inteligencia, los desastres de Kicillof pueden darse vuelta".