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Con nuevos allanamientos y peritajes, la Justicia avanza en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los procedimientos se realizaron en Nordelta, donde se allanaron las oficinas de la seguridad privada que controla los accesos a ese barrio cerrado para verificar las imágenes de video y comprobar si el jefe de seguridad, Ariel De Vincentis, demoró a propósito a las fuerzas policiales que concurrieron para permitir la fuga de Jonathan Kovalivker.
El empresario, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina (a través de la cual se sospecha que se cobraban las coimas), huyó el viernes cuando la policía intentó allanar su propiedad, aunque el lunes se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. Su hermano y copropietario del laboratorio, Emmanuel, fue interceptado cuando intentaba escapar con 266.000 dólares y siete millones de pesos en su auto.
En tanto, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende de la Procuración General de la Nación, logró ayer la apertura y la extracción de información del teléfono celular de Diego Spagnuolo, el removido director de la Andis.
A él se le atribuyen los audios difundidos la semana pasada en medios de comunicación en los que revela un entramado de coimas en las que podrían estar involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su estrecho colaborador Eduardo "Lule" Menem.
En las grabaciones, Spagnuolo afirma:''La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: 'Escuchame, no va más el 5 (por ciento), vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando''". También dice tener "los whatsapp de Karina" y haber informado de todo al presidente Javier Milei, sin que este hubiese tomado medidas.
La información extraída de ese celular, al igual que la de los dispositivos electrónicos de los hermanos Kovalivker -cuyo peritaje se está realizando por estos días-, será entregada al fiscal federal Franco Picardi, en quien el juez Sebastián Casanello delegó la investigación.
Por el mismo motivo también está apuntado Daniel María Garbellini, ex funcionario de la Andis que manejaba el programa Incluir Salud, por donde se habrían canalizado las compras irregulares de medicamentos. Sus oficinas en el microcentro porteño fueron allanadas el viernes a última hora. De allí se requisó abundante documentación donde constarían órdenes de compra y de pagos a los laboratorios.
En los próximos días el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de todos ellos. Ninguno tiene orden de detención, aunque por ahora no pueden salir del país. También se dispuso la prohibición cautelar de todos ellos para acceder a sus cajas de seguridad, con el propósito de anular cualquier posibilidad de que eliminen pruebas importantes para el proceso judicial en curso.