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El gobierno de Javier Milei le solicitó hoy a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reconsiderar su orden de que la República Argentina entregue chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, en el marco del juicio iniciado por fondos especulativos contra la forma en que se expropió la petrolera YPF en 2012, durante la administración de Cristina Kirchner.
Preska ya había aceptado un pedido de esos fondos, liderados por el influyente Burford Capital, para que se entregara esa información, sobre la cual el gobierno argentino aclara no tener control alguno, y explicado que tampoco corresponde que la tenga, de acuerdo con la Constitución Nacional de la República Argentina.
Por eso, ahora el Gobierno le pidió a la magistrada reconsiderar su decisión, al argumentar que el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados porque, obviamente, no le pertenecen.
La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes”.
“La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen”, informó Sebastián Maril, el especialista que viene siguiendo de cerca los juicios de los fondos buitres contra la Argentina.
“En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República”, señala el escrito de la República Argentina dirigido a Preska.
Y sostiene que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”.
Por el contrario, explica que “la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, que realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.
La expropiación del 51% de las acciones de YPF por parte del gobierno argentino se concretó el 16 de abril de 2012.
Ese día, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas acciones, pertenecientes a la petrolera española Repsol.