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Argentina presentó ayer martes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, un escrito en el que apoya una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre irregularidades en el traspaso de acciones de la petrolera YPF, y se separa así de la apelación interpuesta por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) que pide que se revoque el fallo de la jueza Loretta Preska, porque quieren que se investigue el caso desde la nacionalización de la empresa.
En marzo, la jueza le denegó a dicha ONG el derecho a intervenir en la causa y, como ésta apeló, ahora las partes volvieron a presentar argumentos en su contra. Claro que Burford Capital, una de las partes, es el principal beneficiario de la condena en primera instancia de la jueza Loretta Preska por la cual el país fue condenado a pagar USD 16.000 millones.
Según fuentes oficiales argentinas, en el escrito presentado se plantearon dos puntos principales:
1 – Trámite de las apelaciones: la República Argentina solicitó que la apelación de la ONG RA4ARG se tramite por separado de la apelación principal interpuesta por la República Argentina contra la sentencia condenatoria dictada en septiembre de 2023. La apelación de RA4ARG en este incidente y la de la República Argentina sobre el fondo del caso plantean cuestiones diferentes que deben ser tratadas por separado.
2 – Sospechas de corrupción: la República Argentina expresó que toma con seriedad todas las denuncias de corrupción, incluyendo las referidas a las sospechas de corrupción sobre cómo ingresaron los Eskenazi a YPF. La relación entre la familia Kirchner y los Eskenazi ha sido ventilada en diversas causas judiciales, como en la causa "Vialidad" en la que fue condenada Cristina Kirchner. Argentina reiteró "que se encuentra abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre dicha cuestión".
Agregó que, "si se confirma que los Eskenazi ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso en la causa, la República evaluará iniciar acciones para anular la sentencia".
El escrito presentado por la República Argentina refiere a la apelación de RA4ARG sobre la decisión de la Jueza Preska que le denegó a dicha ONG el derecho a intervenir en la causa.
Ahora, la organización RA4ARG tendrá 21 días para contestar los escritos presentados por las partes. En paralelo se cursa otro pedido de la ONG: suspender la audiencia de la apelación de fondo del caso, prevista para fines de octubre, pedido que debería resolverse en las próximas horas por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Mientras el Gobierno insiste con que no negociará con Burford y que acudirá a todas las instancias judiciales, una reciente encuesta de Poliarquía destacó que la mayoría de la sociedad cree que la no resolución de estos juicios afecta la situación económica en general (83%), la posibilidad que lleguen inversiones (77%) y la imagen internacional de Argentina (74%).