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Este miércoles, la Cámara de Diputados dio un paso clave para el sistema universitario argentino, al aprobar con 158 votos a favor y 75 en contra la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, impulsada principalmente por la oposición, propone un financiamiento automático para las universidades nacionales, que se actualizará según la inflación, y garantiza paritarias cada tres meses para los salarios de docentes y personal no docente. Además, prevé un aumento significativo en las becas estudiantiles.
El proyecto, presentado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y apoyado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desafía directamente las políticas de Javier Milei. El mandatario había vetado una ley similar el año pasado y se enfrenta ahora a una nueva ofensiva legislativa que busca redefinir las prioridades del gasto público, específicamente en educación.
Durante la sesión, la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre, destacó la responsabilidad del Gobierno Nacional en el retraso histórico del sistema universitario: “Llevamos dos años de un atraso histórico. Nunca habíamos atravesado esta situación”, aseveró, haciendo alusión a la falta de un presupuesto aprobado para 2025, lo que agrava la crisis económica en las casas de estudio.
Por su parte, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning argumentó que la educación es una inversión y no un gasto: "La universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión. Si queremos que Argentina crezca, tenemos que priorizar la educación, la ciencia y la tecnología", afirmó, rechazando las críticas a la asignación de recursos.
En la misma línea, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, coincidió en que el actual debate es sobre las prioridades de inversión estratégica del país: “Invertir en la universidad no va a contramano de la responsabilidad fiscal, pensar lo contrario es una miopía estratégica", sentenció.
Sin embargo, las posiciones del oficialismo se mantienen firmes. El diputado mendocino Álvaro Martínez defendió el financiamiento actual del sistema universitario, resaltando que en 2024 las universidades nacionales recibieron más de 3,8 billones de pesos, con un incremento de un 270% respecto a 2023. "¿De qué desfinanciamiento están hablando?", cuestionó, al mismo tiempo que destacó un aumento del 120% en los salarios docentes entre diciembre de 2023 y mayo de 2025.
La discusión se dio en un marco de tensión política, con algunos diputados del oficialismo intentando restar apoyos a la oposición antes de la votación. A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para hacer caer el quórum, finalmente se consiguió que 131 legisladores estuvieran presentes en el recinto. La falta de una mayoría especial de dos tercios impidió que se alcanzara la aprobación total, lo que deja abierta la puerta a una nueva batalla en el Senado.
El debate sobre el financiamiento universitario se enmarca en una agenda más amplia, que también incluye iniciativas como la declaración de emergencia en salud pediátrica, impulsada por la crisis en el Hospital Garrahan, y proyectos para la redistribución federal de los recursos provenientes de los combustibles. Esta serie de iniciativas refleja el creciente descontento con las políticas de austeridad del gobierno de Milei, mientras que la oposición sigue apostando por un modelo de inversión en educación y salud públicas.