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Tras el cierre del año legislativo con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Poder Ejecutivo ya delinea su estrategia para el primer bimestre del año, centrando su atención en un segundo llamado a sesiones extraordinarias previsto entre el 2 y el 27 de febrero.
En este período, el oficialismo buscará dar sanción definitiva a tres de los cuatro proyectos que quedaron pendientes en el temario, los cuales ya cuentan con dictamen de comisión: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la ambiciosa reforma laboral. Por el contrario, el nuevo Código Penal quedará para una etapa posterior debido a que su complejidad técnica y su antigüedad (data de 1921), requieren un proceso de debate mucho más profundo.
Regla fiscal
La denominada "regla fiscal" es una de las prioridades, ya que busca institucionalizar el principio de equilibrio presupuestario mediante un esquema de sanciones directas para funcionarios públicos o directores de bancos oficiales que autoricen gastos excesivos o mecanismos de emisión monetaria.
La norma pretende convertir en ley la práctica de la "motosierra" que la gestión de Milei viene aplicando, aunque el texto también pone de relieve una fuerte contradicción señalada por la oposición: mientras el Estado recorta partidas sensibles, el Gobierno resigna ingresos fiscales masivos a través de la baja en Bienes Personales, la reducción de Ganancias para grandes empresas, la quita de retenciones a ciertos granos y la eliminación del Impuesto PAIS.
Ley de Glaciares
En cuanto a la Ley de Glaciares, el proyecto que ya tiene dictamen en el Senado propone un cambio de paradigma al descentralizar en las provincias el control de la actividad minera e hidrocarburífera.
La intención oficial es reconocer el dominio originario de los recursos naturales que establece la Constitución, permitiendo que las provincias cordilleranas avancen en explotaciones que hoy están frenadas.
Si bien el texto asegura mantener la protección de los cuerpos de hielo, el punto de quiebre radica en que elimina las prohibiciones que actualmente pesan sobre las zonas periglaciares, áreas de alta montaña fundamentales para la regulación hídrica pero que el Ejecutivo considera vitales para destrabar inversiones millonarias en el sector extractivo.
Ley laboral
Finalmente, la reforma de "modernización laboral" se posiciona como el gran desafío político de febrero, con una fecha de sesión tentativa para el día 10. Esta iniciativa busca un giro drástico en las relaciones de trabajo, apuntando principalmente a la reducción de los costos de contratación y despido. Entre sus puntos más polémicos se encuentra la modificación del sistema de indemnizaciones, que excluiría del cálculo final conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por las empresas.
Además, el proyecto ataca directamente la estructura sindical al proponer el fin de la ultraactividad de los convenios y exigir el consentimiento explícito de cada empleado para el descuento de las cuotas solidarias. También introduce figuras como el "banco de horas" y la eliminación de la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, cambios que la CGT y otros gremios ven como una precarización de los derechos adquiridos.
El Código Penal espera su turno
El Gobierno avanza con una ambiciosa reforma integral del Código Penal argentino, con el objetivo de actualizar un marco legal que rige desde 1921 y que, a lo largo de más de un siglo, fue modificado con reformas parciales.
El nuevo texto pasaría de los actuales 316 a unos 920 artículos, incorporando una reestructuración completa de los delitos y de las escalas de penas, además de nuevas figuras penales acordes a las problemáticas actuales.
Entre los cambios más relevantes, la iniciativa prevé la imprescriptibilidad de delitos considerados gravísimos, como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
Penas más duras
La reforma también plantea un endurecimiento de las penas en los delitos de corrupción y narcotráfico. El proyecto unifica varias propuestas impulsadas por el Ejecutivo en el último tiempo, como el nuevo régimen penal juvenil -que reduce la edad de imputabilidad-, la ley "antimafia", la ley de reiterancia y la posibilidad de juicios en ausencia.
Además, incorpora un capítulo específico sobre delitos informáticos, que abarca desde el uso de inteligencia artificial para crear contenidos sexuales falsos hasta el porno venganza, el grooming, el acoso digital y las estafas virtuales como el phishing.
Por el momento, no está definido cuándo el proyecto ingresará al Congreso ni en qué cámara comenzará su tratamiento, aunque se prevé un debate amplio y prolongado por el alcance de las modificaciones propuestas.