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El debate por la eutanasia volvió a instalarse en la agenda pública en la Argentina, impulsado por un caso que tuvo repercusión mundial: el de la joven española Noelia Castillo Ramos, quien accedió a una muerte asistida tras la administración de fármacos por vía intravenosa, luego de una larga lucha judicial. La situación reactivó una discusión que, aunque latente, aún no logra avanzar en el Congreso.
Actualmente, la Argentina cuenta con la Ley de Muerte Digna (26.742), sancionada en 2012, que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos, hidratación o alimentación para evitar un sufrimiento desmesurado. Sin embargo, la normativa no habilita la eutanasia activa ni el suicidio asistido, que continúan prohibidos por el Código Penal. Frente a este escenario, distintos proyectos buscan ampliar ese marco legal.
Uno de ellos es el impulsado por la exsenadora Silvina García Larraburu, que propone un Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido. La iniciativa establece que toda persona pueda solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria, informada y digna. Además, prevé que el procedimiento no sea punible para los profesionales de la salud que actúen conforme a la ley, contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y fija condiciones para menores de edad y personas incapaces, con intervención judicial y de organismos de control.
La calidad de vida es una valoración personal
En la misma línea, el diputado nacional por Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que pone el foco en la libertad individual. Su propuesta habilita tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido, ya sea mediante la intervención directa del médico o a través de la autoadministración del paciente. El texto sostiene que la calidad de vida es una valoración personal y que el Estado debe garantizar decisiones libres, con información suficiente y sin coerción. También incluye regulaciones específicas para menores y personas con capacidad restringida.
Por su parte, el legislador nacional por el PRO Martín Ardohain impulsa una iniciativa que busca garantizar el derecho a transitar el proceso de morir con dignidad. El proyecto exige una solicitud voluntaria, expresa e informada, evaluada por un equipo interdisciplinario que verifique el cumplimiento de requisitos clínicos, éticos y legales. Además, establece que el paciente deberá reafirmar su decisión antes del procedimiento y que podrá desistir en cualquier instancia. También contempla sanciones para quienes instiguen al suicidio fuera del marco legal.
Las propuestas coinciden en la necesidad de establecer un marco regulatorio claro que garantice la autonomía de las personas frente a situaciones de sufrimiento extremo. Sin embargo, el debate continúa abierto y sin avances concretos en el Congreso.