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El temor a una pesificación generalizada de los bonos locales dejó en claro el grado de hipersensibilidad de los mercados hacia la Argentina, pero también desnudó la apremiante inestabilidad financiera que padecen las provincias. Para frenar un efecto dominó y alejar los fantasmas de un default, el Banco Central, rápidamente salió a aclarar que todo aquel acreedor que recibió bonos en dólares, recibirá dólares.
Sin embargo, el mercado golpeó sin piedad los bonos provinciales con pérdidas de hasta el 10 por ciento y el temblor llegó también a los títulos nacionales, aunque luego se produjo una previsible recuperación.
En rigor, el mensaje fue uno sólo: la Argentina sigue siendo aquel alumno indisciplinado que en 2001 pateó el tablero, entró en cesación de pagos y el estigma lo seguirá teniendo por largo tiempo, por muchos años.
Para renovar los efectos de ese estigma bastaron la decisión del gobierno chaqueño de Jorge Capitanich de pagar en pesos un bono emitido en dólares y las inoportunas declaraciones del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, para desatar la reacción negativa, que ni la garantía del Central puedo frenar. El vice de Daniel Scioli no sólo celebró la medida tomada por Capitanich sino que dejó en claro que apoyaría una decisión similar en territorio bonaerense: la imprudencia tuvo rápida respuesta en el mercado financiero y un silencio absoluto en el oficialismo.
De toda esta enmarañada novela, lo inaceptable es que esta sobreactuación del mercado obedeció a una deuda de apenas 263 mil dólares, que era lo que debía pagar Chaco y que pesificó a 4,72 pesos por dólar.
Tras el default de 2001 y la reestructuración de la deuda, la Argentina no ha dejado de cubrir todos y cada uno de los vencimientos de deuda, al punto de tener que resignar reservas y enfrentar críticas por pagar deuda a cambio de una menor cobertura en aspectos sociales. No obstante, las calificadoras internacionales, representantes de potencias mundiales y el Fondo Monetario no han dejado de disparar críticas, de advertir con sacar tarjetas y bajarle la nota al país y lo que pasó en estos días es un claro reflejo de la hostilidad de los inversores y los mercados hacia la Argentina.
El país y sus “crisis”
“En la Argentina todo siempre está por entrar en crisis, pero sin embargo hace diez años consecutivos que crecemos y cumplimos con nuestras obligaciones financieras”, se quejó amargamente el ministro Hernán Lorenzino, desde Tokio, antes de la Asamblea Anual del FMI.
El lamento de Lorenzino tiene su parte de razón, pero lo que pasó esta semana con el bono chaqueño y las desafortunadas declaraciones de Mariotto, desautorizadas por el Gobierno nacional y criticadas por todo el kirchnerismo, representan un paso atrás y desempolvaron un fantasma que ni el hecho de haber pagado todos los vencimientos logró alejar.
Encima, como una paradoja del destino, desde hace diez días, el poderoso fondo “buitre” NML consiguió bajo un dudoso artilugio legal y un sospechoso procedimiento, que la Justicia de Ghana retenga en un puerto de ese país africano la Fragata Libertad por bonos impagos.
Si bien la insólita noticia fue tratada en un principio como un hecho risueño, lo cierto es que siguieron pasando los días y que la Justicia exige 20 millones de dólares para liberar la fragata y a su tripulación.
El hecho se convirtió en gravísimo y muestra que los abogados que representan a estos fondos están dispuestos a todo, pero que también encuentran terreno fértil en esas sospechosas maniobras judiciales.
En definitiva, todo indica que los fondos “buitres”, el FMI, las calificadoras internacionales, algunos líderes mundiales, están dispuestos a seguir recordando a la Argentina que alguna vez proclamó, en medio de aplausos, que dejaba de pagar. Con todo, los interrogantes seguirán en pie no sólo por ese estigma, sino también por la aclaración del Banco Central, que sembró dudas entre los inversores. La entidad que preside Mercedes Marcó del Pont dijo que todas las provincias que requieran dólares podrán tenerlos, pero sólo si la deuda a pagar fue emitida en moneda extranjera y contraída bajo legislación foránea.