inicia sesión o regístrate.
En un hospital público de la provincia se realizó ayer el primer aborto a una mujer embarazada como producto de una violación. Las abogadas de la víctima denunciaron trabas y demoras para concretar la práctica, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó que en estos casos se puede interrumpir la gestación.
La mujer, de quien se resguarda la identidad, no es de la provincia. Está de viaje en Salta y sufrió un abuso sexual semanas atrás en un país vecino.
Llegó el martes a pedir asistencia en un hospital local pero recién accedieron a hacerle el aborto ayer, después de que intervinieron las abogadas Graciela Abutt Carol y Mónica Menini, referentes de la lucha por los derechos de género.
La paciente tuvo que firmar, ante un funcionario del Ministerio Público, una declaración jurada en la que aseguró que sufrió un delito sexual.
También debió participar de una reunión con abogados del hospital, además de hacer numerosos trámites que le llevaron todo el día. Estaba citada para primera hora de la mañana pero la práctica se hizo pasadas las 8 de la noche.
“Nadie sabía cómo actuar, le hicieron muchas preguntas, indagaron sobre su sexualidad. Si hubiera estado sola, no se hubiera hecho el aborto”, describió Abutt Carol.
La abogada cuestionó la forma en que se atendió a la paciente. “Se puso de relieve la falta de respuestas del Estado, particularmente del sistema de salud”, dijo.
La profesional sostuvo que hubo “reticencia a dar información, burocratizaciones innecesarias, falta de compromiso de las autoridades sanitarias, falta de privacidad, maltrato y violencia hacia la víctima, lo que evidencia discriminación por género”.
Además, la defensora denunció que existe un “obvio desconocimiento del protocolo” oficial para detener el embarazo en casos de violación que está vigente desde abril. Es el primer procedimiento de este tipo que se hace en Salta, aunque ya hubo dos en Buenos Aires.
Habilitado por la Corte
En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el aborto se puede realizar sin necesidad de que lo ordene un juez cuando el embarazo es producto de un abuso sexual o cuando corre riesgo la vida de la madre.
En abril, el Gobierno de Salta publicó un protocolo que determina cómo se debe concretar la intervención en los hospitales locales.
La guía obliga a que las víctimas presenten en el sistema de salud una denuncia policial o declaración jurada ante el Ministerio Público en la que señalen que sufrieron una violación antes de que se detenga la gestación.
Obstáculos
“La sola falta de información de los operadores de salud recorta enormemente la libertad y la autonomía de las mujeres. También las afectan las actitudes hostiles y estigmatizantes”, reclamó Graciela Abutt Carol, una de las abogadas que asistió a una víctima de abuso que decidió abortar.
“Llegar a la práctica solo es posible en Salta cuando la mujer tiene conciencia de sus derechos y está dispuesta a ejercerlos contra un catálogo de obstáculos”, afirmó. “Debemos insistir en eliminar estas trabas, como la innecesaria participación del Ministerio Público, la falta de entrenamiento de los agentes de salud para que las mujeres puedan ejercer su decisión libre en un espacio de confidencialidad y privacidad”.