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El canciller Héctor Timerman y el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, aseguran que Argentina presentará un “plan de acción” para avanzar en las negociaciones con Irán en torno a la investigación por el atentado a la AMIA.
El litigio originado en el asesinato de 85 argentinos en la mutual judía, hace 18 años, no tiene presos. Los presuntos integrantes de la conexión local, que entregaron la camioneta usada por el terrorista suicida de Hezbollah, fueron liberados. La Argentina sindicó desde el principio a Irán como el país responsable del ataque y solicitó, hace ya diez años, la extradición de varios funcionarios del régimen teocrático, muy cercano hoy a los gobiernos bolivarianos de Caracas y La Paz.
Dos de esos funcionarios buscados se postulan hoy como candidatos presidenciales para las elecciones de junio de 2013 en Irán. Se trata del ex canciller Alí Akbar Velayati, principal asesor en asuntos internacionales del ayatolá Alí Khamenei, y de Mohsen Rezai, ex comandante de los Guardianes de la Revolución. A ellos se suman el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani, el ex Ministro de Seguridad Alí Fallahiján, el ex Jefe de la Fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi, el ex Consejero Cultural en Buenos Aires, Moshen Rabbani, el ex embajador Hadi Soleimanpour y el ex secretario en la embajada en Argentina, Ahmad Ashgari.
Sobre las negociaciones entre nuestro país y Teherán se ha tendido un manto de hermetismo y hasta el ultraalineado fiscal “ad hoc” de la causa, Alberto Nisman, sufrió el rechazo tajante del Gobierno cuando pidió información sobre las negociaciones.
Las negociaciones, que marcan un giro en la política argentina, ya que siempre se consideró el atentado como un ataque contra el país, propinado nada menos que por el gobierno con el cual ahora se comparte un diálogo, sorprendió al mundo y, especialmente, al bloque occidental.
Timerman leyó un comunicado en la Casa Rosada y aseguró, desde luego, que “todo plan de acción podrá implementarse si cumple nuestras leyes y es aprobado por el Congreso”. Entre el 27 y el 28 de noviembre la Procuradora General del Tesoro, Angelina Abbona, y el vicecanciller Eduardo Zuain compartieron en Zurich, Suiza, dos reuniones con sus pares de Irán. No se explicó por qué a una reunión sobre un conflicto de esta naturaleza concurrió la Procuradora del Tesoro.
A mediados de octubre se produjo una sorpresa: los juristas argentinos encargados de analizar con los iraníes el pedido de extradición se dieron con que las autoridades de Teherán rechazaban en público cualquier responsabilidad de sus ciudadanos en el atentado y daban por cerrado el diálogo. La búsqueda de un tercer país para llevar a cabo el juicio contra los acusados iraníes parece una vía brumosa para la acción de la Justicia. El crimen fue cometido en la Argentina, que ya mostró gran debilidad al dejar en libertad a la banda de policías y ladrones que entregó la Trafic a los terroristas. Los funcionarios acusados gozan de la cobertura del estado iraní, que no acepta ni va a aceptar su responsabilidad. El Congreso Judío Mundial está preocupado por las negociaciones. “Es un momento difícil por esta confrontación entre el gobierno y la comunidad, pero el gobierno argentino tiene que comprender que no puede tomar decisiones independientes porque la comunidad judía está mirando con sentimiento de trepidación este nuevo ángulo de la política argentina”, le hicieron saber al gobierno argentino.
La ilusión de un acuerdo utópico
El kirchnerista Sergio Burstein, que se hizo famoso acusando al juez Juan José Galeano y descalificando la investigación que permite inculpar a los acusados, está de acuerdo ahora con “tratar el tema de los ocho buscados y solucionarlo de una vez por todas, para que se presenten en un tercer país o en el nuestro, sin entregar algo a cambio, ni un acuerdo económico ni algo por el estilo”. Curiosamente, considera “fuera de lugar cercenar la propuesta de Irán; hay que agotar todos los medios para que los buscados por la Justicia argentina y protegidos por Irán sean pasibles de una indagatoria y lleguen a un juicio oral y público”. La posibilidad de un juicio justo contra esos jerarcas se diluye, agravada por el fallo que anuló la investigación que diera origen al pedido de extradiciones Con el reducidor de autos Carlos Telleldín, que entregó la camioneta a los terroristas, y los policías vinculados sobreseídos y liberados, cuesta imaginar que Irán vaya a entregar a sus funcionarios.