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El complejo laberinto judicial en el que estaba metido el Gobierno empezó a abrirse aceleradamente, sacándole de encima buena parte del peso que tenía sobre sus espaldas. Eso ocurre a solo dos semanas de que empiece 2013, el año de las elecciones más importantes que tenga que afrontar el kirchnerismo en más de una década.
La ley de medios, ambición primordial de la Presidenta hace tres años, va camino a una resolución favorable tras innumerables reveses en los tribunales. El fallo que declaró la constitucionalidad de los artículos cuestionados no le alcanzaría al Gobierno para comenzar ahora mismo con la desinversión de Clarín, pero sienta un precedente en la causa que sería determinante en el corto plazo.
La fragata Libertad, emblema de la soberanía nacional, vuelve a la Argentina luego de varios intentos frustrados. Igual, nada borrará que la nave insignia del país haya estado más dos meses retenida en Ghana: la liberación de la fragata sirve políticamente para tapar el goteo de imagen que eso estaba produciendo, pero el hecho difícilmente se borre de la memoria de los argentinos.
Dos semanas antes, la justicia de Estados Unidos había suspendido el fallo de Thomas Griesa que ponía a la Argentina al borde del default técnico. Al igual que con la ley de medios, ese conflicto seguirá haciendo ruido en la Casa Rosada, pero con un panorama mucho más alentador del que había un mes atrás. De hecho, el Gobierno pagó anteayer más de 3.500 millones de dólares a los bonistas que entraron al canje. No haber abonado ese dinero por un embargo de los fondos buitre, como podía pasar si el fallo de Griesa no se revocaba, hubiese sido una cachetada fenomenal para la política económica oficial.
En todos esos casos, que le produjeron y le siguen produciendo costos políticos profundos al Gobierno nacional, el kirchnerismo actuó con una alta dosis de imprudencia y falta de sentido común, que solo logró perjudicarlo a si mismo y mostrarlo desesperado ante los ojos de la opinión pública. Clarín, con la denuncia luego retractada a periodistas oficialistas, ya había mostrado esa faceta semanas atrás.
¿Era necesario poner a la Argentina al borde de un conflicto de poderes cuando el fallo del juez Horacio Alfonso era inminente? Claro que no, y mucho menos si se tiene en cuenta que las probabilidades de una decisión favorable eran más mucho altas que las de un revés.
Un infortunio judicial parecido hizo el Gobierno hace solo una semana cuando usó un per saltum imposible de prosperar para acelerar los tiempos de la causa. Ambas fueron dos derrotas tan previsibles como evitables: solo había que esperar el fallo de Alfonso, nada más.
Los tiempos de la justicia son más lentos que los de la Casa Rosada, que quiere comenzar el desguace de Clarín ya. Sin embargo, ahora tendrá herramientas de lucha mucho más potentes que las que tenía el jueves pasado.
Pese a las buenas noticias judiciales de los últimos dos días, la sobreactuación del 7D será un moretón imposible de disimular por años. Allí se posó el eje discursivo del Gobierno por meses enteros y también una jugosa porción de fondos públicos en difundir ese supuesto hito popular.
El escándalo en Tucumán
El caso Marita Verón también puso en juego la cintura del Gobierno para encarar momentos difíciles. Aún nadie se explica porqué los diputados oficialistas -que tienen la mayoría- se negaron sistemáticamente a darle sanción definitiva a la ley de trata, que el miércoles probablemente será aprobada por unanimidad. Esos mismos legisladores fueron los que sancionaron en tiempo récord la controvertida ley de ART, la intervención del mercado de capitales, infinitos pronunciamientos sobre las Malvinas y las subas de 100 por ciento en sus dietas. Para esos temas hubo una velocidad inusitada. El fallo absolutorio que provocó pavor en la sociedad fue en todo caso una decisión judicial que seguramente será revisada. Sin embargo, la ley de trata de personas hace hincapié no solo en condenas más duras, sino también en prevención y seguimiento de las víctimas. ¿Tan inoperante es el poder político para no darle viabilidad rápido a un proyecto así? Esa espina no se irá en el Parlamento el día del voto; por el contrario, actuará como una nueva muestra de ceguera de la dirigencia argentina.
En el escándalo de Tucumán también se pudo apreciar una reacción inmediata del kirchnerismo. Ahora es inminente la presentación de un proyecto para convertir en norma la reforma judicial que el Gobierno buscaba hace tiempo. La bandera de la disputa con Clarín era demasiado poco para justificar esa avanzada, no así un fallo repudiado por buena parte de la sociedad argentina.