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El berenjenal jurídico por la ley de medios no da respiro y cada día suma un nuevo capítulo a sus fojas. Es que el juez Civil y Comercial Federal, Horacio Alfonso, concedió ayer la apelación del Grupo Clarín contra su resolución que avaló la constitucionalidad del artículo 161 de la ley. Así, la medida cautelar que frena la aplicación de la ley de medios vuelve a tener vigencia tras haberse caído el viernes pasado por decisión del mismo juez Alfonso.
La decisión judicial trasciende solo 24 horas después de que el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, haya ido personalmente a Clarín a notificar el comienzo de la trasferencia de licencias “de hecho”, en un acto que fue criticado por la oposición.
Fuentes judiciales informaron que, ahora, el fallo de Alfonso será visado por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, la misma que extendió hace una semana y medida la cautelar de Clarín.
La resolución con la cual concede la apelación tiene fecha de anteayer -aunque se conoció recién ayer- y la misma apenas se trata de un párrafo. De esta manera, se prevé que la aplicación de la ley siga en suspenso hasta tanto haya fallo de la Sala I de la Cámara. Los próximos pasos son que el apelante, el Grupo Clarín, ahora amplíe los fundamentos por los cuáles requiere revocar la constitucionalidad decretada por el juez luego de desechar el argumento respecto a que la empresa sufre un perjuicio patrimonial con la norma y que con la misma se afecta la libertad de expresión. Ese lapso para aportar prueba es de diez días para el Grupo Clarín primero, y luego el mismo plazo para la otra parte, el Estado, tras lo cual los jueces comenzarán a evaluar los planteos y resolver si confirman o no el fallo de primera instancia. Así, la decisión podría darse en febrero o marzo próximo, aunque atento a los fallos de la Corte Suprema urgiendo una solución de fondo, la Cámara podría habilitar días y horas inhábiles -incluida la feria judicial de enero- para sacar una resolución en tiempos más cortos. En caso que la Cámara avale lo decidido en primera instancia por Alfonso, el fallo es apelable ante la Corte, quien tendrá la última palabra.