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El Gobierno nacional citó ayer a la Cancillería al embajador británico en Buenos Aires, John Freeman, ante quien protestó formalmente por la “pretensión” del Reino Unido de nominar “Tierra de la Reina Isabel” a un sector de la Antártida reclamado por la Argentina.
“Esta pretensión del Reino Unido demuestra, una vez más, las anacrónicas ambiciones imperialistas de ese país, lo que remonta a antiguas prácticas ya superadas, y no se condice con el espíritu de paz y cooperación que caracteriza al Sistema del Tratado Antártico”, expresó la Casa Rosada, en una nota entregada al diplomático.
En el escrito, el Gobierno ratificó su categórico rechazo a “toda pretensión territorial británica en la Antártida y reafirmó sus derechos de soberanía en el Sector Antártico Argentino”.
A través de un comunicado, la cartera que encabeza Héctor Timerman informó que citó a Freeman a la sede ministerial y “le entregó una nota de protesta formal en la que expresa el “más firme rechazo a la pretensión del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anunciada recientemente, de dar una denominación toponímica a un área del Sector Antártico Argentino”.
En el pronunciamiento, la Nación reiteró “su compromiso con los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico”, cuyos principales ejes son la paz, la ciencia, la cooperación internacional y la protección del medio ambiente. En ese sentido el gobierno ratificó la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur.
Respuesta inglesa
El primer ministro británico, David Cameron, consideró ayer “una pena” la actitud del gobierno argentino hacia las Islas Malvinas, y lo acusó de “tergiversar la historia y la realidad” en torno a la soberanía del archipiélago, en su mensaje de Navidad a los isleños. El mensaje de Cameron coincidió con el anuncio del nombramiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores británico de un nuevo gobernador en las Malvinas, Colin Roberts, quien sucederá desde abril de 2014 a Nigel Haywood, y tuvo lugar tres meses antes de un referéndum que prevén realizar los kelpers para “definir” el estatus jurídico de Malvinas.