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Luego del polémico aumento del 100 % en las dietas que el mes pasado devolvió protagonismo a diputados y senadores nacionales, esta semana nuestros legisladores volverán a ser noticia, pero ya no por sus ingresos sino por su trabajo. Es que luego de un larguísimo parate, la Cámara Baja volverá a sesionar, y lo hará para tratar dos de los proyectos que la Presidenta definió como prioritarios ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias.
Se trata de la derogación de la ley de convertibilidad y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El primer proyecto suena anacrónico. Desde enero de 2002, un peso dejó de valer un dólar, y para muchos la convertibilidad murió allí. Sin embargo, parte de la ley aún sigue vigente. Se trata puntualmente del capítulo que obliga al Banco Central a guardar en sus reservas el equivalente en monedas extranjeras (básicamente dólares) de la totalidad de los pesos que se encuentran en circulación, lo que técnicamente se denomina base monetaria. En los 21 años que lleva vigente la convertibilidad, ese respaldo se mantuvo e incluso, durante varios años, las reservas del Central excedieron ampliamente el circulante. Pero, tras el uso sistemático de reservas para el pago de la deuda externa, esa relación se redujo y hoy se encuentra al límite de la legalidad.
En el Presupuesto aprobado por el Congreso para este año se autorizó al Gobierno a utilizar hasta 5.700 millones de dólares de las reservas para pagar deuda. Pero si se usara esa facultad, se perforaría el piso mínimo exigido por la convertibilidad, y el Ejecutivo podría ser denunciado por ello. La necesidad de contar con esos dólares explica el proyecto oficial.
Una fuente inagotable
Las reservas del Banco Central, que el viernes cerraron apenas por encima de los 47 mil millones de dólares, resultan un bocado muy apetecible para el Gobierno, en un año que amenaza ser muy complicado en materia financiera.
Es por eso que más allá de lo que el Presupuesto autorizó a tomar, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica que el Ejecutivo envió al Congreso prevé que el Banco Central podrá prestarle al Tesoro con “carácter excepcional” hasta el 20% de la recaudación de los últimos 12 meses.
Un dato curioso: en la exposición ante los legisladores que realizó la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, esta aseguró que ese porcentaje iba a quedar establecido en 10 por ciento. Pero apenas unas horas más tarde, el oficialismo firmó un dictamen de mayoría duplicando la cifra. ¿Y Marcó del Pont? Bien, gracias.
Más allá de la indignación por haber sido engañados, los legisladores de la oposición no esconden su preocupación por el contenido de la reforma que impulsa el kirchnerismo. Es que, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, el aporte que el Gobierno podría demandarle al Central llegaría a 131.000 millones de pesos.
Esa cifra quizás no alcance para calmar la inagotable necesidad de aumentar el gasto público que ha caracterizado a las gestiones kirchneristas, pero sí constituye una inyección de efectivo en la economía que puede llegar a acelerar el proceso inflacionario.
Lo que Diputados debatirá esta semana parece ser entonces un cambio de fondo. Por un lado, le abre al Ejecutivo las puertas de una de los últimos reaseguros de la economía nacional. Pero, además, le quita al Banco Central la capacidad de controlar la inflación, que mes a mes deteriora el bolsillo de los argentinos.