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Pertenecía a un francés que falleció y su administrador la compró a sus herederas, pero, a la fecha, no tiene nada.
La historia de la finca La Catita de Joaquín V. González comenzó junto con la pasada década, cuando su propietario, un francés de apellido Lemere, residente en el país galo, decidió arrendarla a la empresa salto-jujeña Aluga SA, integrada por las familias Segura y Molina, ampliamente conocidas en el mundo agrario norteño.
En 2004, se produjo un hecho que comenzó a cambiar las cosas relacionadas al inmenso inmueble de 1.000 hectáreas. En ese año falleció el dueño y se produjo un cambio sustancial en las cosas ya que su administrador, Robert Vigne, encargado de los negocios de Lemere en Argentina, viajó a París y compró la propiedad a las herederas del inversionista.
Aluga siguió explotando intensamente la propiedad, orientada, fundamentalmente, al cultivo de soja. Sin embargo, en 2008, casi a cuatro años de que Lemere dejara este mundo, Aluga SA suscribe en Tucumán y con un boleto de compraventa, la adquisición de la propiedad al empresario Carlos Flores, quien había muerto tres años antes de la firma del papel comercial.
El abogado de Vigne, Juan Casabella Dávalos reclama ante la Justicia por el hecho, estableciéndose una causa penal en el juzgado de Instrucción Formal a cargo del magistrado José María Alvarado Solá.
Las pesquisas comprueban que Carlos Flores había muerto mucho antes de haber transferido La Catita, pero ocurre otro hecho raro, esta vez en Salta: el mismo cadáver vende la finca a un hombre de apellido Aleso, quien a su vez, la transfiere a otro, de apellido Ruge, oriundo de Jujuy, quien la inscribe en la Dirección de Inmuebles de esta provincia.
La finca en tanto, sigue bajo la explotación de Aluga SA, firma que cuenta con el patrocinio legal del penalista salteño René Gómez.
Casabella Dávalos comprueba ante la Justicia que Ruge no solo es un testaferro de las familias Segura-Molina, sino que, se trata de un jornalero de La Catita.
El juez Alvarado Solá, ante el desarrollo de los acontecimientos, se declara incompetente, arguyendo que el caso se había iniciado, realmente, en Tucumán, y decide despacharlo para que lo entienda la Justicia de esa provincia.
Casabella Dávalos y la fiscal Penal 2, María Inés Loyola apelan y el expediente viaja a la Cámara de Casación, donde está cajoneado desde hace un año y medio. Esto último, porque el magistrado que recibe el caso, Félix Costa, fue promovido a otra instancia.
Lo único que logra Vigne en todo esto, es que los arriendos sigan pagándosele.
Sin embargo, las cosas volverían a cambiar. La empresa Aluga SA contrata los servicios del abogado güemense José Valle, exsenador departamental por la Unión Cívica Radical (UCR) y lo envía a Francia. Este regresa del Viejo Mundo con una demanda de nulidad de la venta del predio, firmada por las herederas de Lemere, arguyendo un precio vil en la operación. A raíz de ello, son embargados los arriendos cobrados por Vigne. La historia continúa.