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El pasado lunes 16 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que envió al Congreso un proyecto de ley por el que se expropia el 51% de las acciones pertenecientes al grupo español Repsol en la sociedad YPF SA. De ese total, el 24,9% pasará a las provincias productoras de hidrocarburos y el 25,1% quedará en manos de la Nación.
Para que no queden dudas de la decisión de tomar el control instantáneo sobre la empresa, la Presidenta emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU), disponiendo la intervención inmediata. Lo hizo de una forma nada convencional y muy criticada, ya que algunos ilustres catedráticos opinan que tanto la ley presentada como el DNU “son de dudosa constitucionalidad”.
Estos anuncios han generado reacciones y opiniones de todo tipo, tanto en España como en nuestro país. Existen coincidencias de que el Gobierno argentino no ha implementado en estos últimos años una buena política energética. Esto provocó que disminuya la producción y aumenten las importaciones. Estas medidas pueden ser interpretadas como que Argentina quiere discutir una política para mejorar su matriz energética, que tanta falta nos hace.
Recordemos que actualmente YPF aporta solo una tercera parte del consumo nacional. El resto lo proveen otras empresas radicadas en nuestro país. Los empresarios de este sector reclaman mayores controles por parte del Gobierno para que no los sorprendan medidas como las adoptadas en YPF SA.
Repsol, sin el control
Repsol, como accionista mayoritario, era el grupo que tenía el control de esta empresa y lo perdió con la reciente intervención.
La compañía de capitales españoles ya ha iniciado negociaciones directas para lograr un resultado positivo por la expropiación de sus acciones. Según algunas versiones, reclamaría 18.000 millones de dólares. En cambio, el Gobierno de Argentina estima un precio que no superará los 10.000 millones de dólares. Desde ya se descuenta que esta disputa no se resolverá en la Justicia local y ambas partes están preparando sus defensas estratégicas ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).
Hay señales que pueden probar o contrarrestar cualquier intento de defensa de Repsol en su rol de accionista mayoritario de YPF SA, ya que en los últimos cinco años pagó dividendos por el 108% de las ganancias obtenidas a los accionistas. En resumen, repartió a los accionistas más de lo que ganó, y son muchas las denuncias por el vaciamiento de esta empresa.
En el año 2008, los accionistas de YPF SA acordaron que iban a repartir hasta un 90% de las utilidades obtenidas en cada ejercicio para que el Grupo Eskenazi pudiera pagar el 25% de las acciones que había adquirido. Es decir, este grupo pidió un préstamo porque era la única forma de poder comprar acciones. Esta operatoria fue realizada con el visto bueno del Gobierno.
Recordemos que la distribución de ganancias en cualquier parte del mundo no puede exceder el 30% de las utilidades. Nos preguntamos si ¿habrá terminado de pagar el préstamo solicitado para comprar acciones?
La producción de petróleo crudo de YPF SA disminuyó un 17% en cuatro años y la de gas natural un 31%; todo esto como consecuencia de que no se hicieron inversiones en exploración y explotación porque -entre otros factores- no se reinvirtieron las utilidades.
Cómo sigue
El proyecto de expropiación del 51% las acciones de YPF SA permite que se puedan realizar todo tipo de asociaciones para aumentar la producción en nuestro país.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, expresó que existen muchas empresas que ya han manifestado su interés en formar Uniones Transitorias de Empresas (UTE) con la nueva YPF SA.
La compañía china Petrochemical Corp., del grupo Sinopec (la segunda petrolera china), estaba en negociaciones con Repsol para comprar la participación mayoritaria de la española en Argentina antes de que se anunciara la expropiación. Quizá esa haya sido una de las causas por las que la Presidenta se apuró a anunciar la intervención y estatización del paquete mayoritario de acciones.
El sitio web Caixin.com comentó que Sinopec Group había alcanzado un acuerdo no vinculante para comprar YPF por 15.000 millones de dólares. Este informe también explica que los bloques de petróleo de YPF en Argentina tienen un enorme potencial de desarrollo y confía en que puede cumplir con los requerimientos del Gobierno para acelerar el crecimiento y la producción.
Recordemos que esta empresa es una de las interesadas en participar en la exploración y explotación de nuevos yacimientos aportados por YPF SA, y que ya tiene inversiones en Santa Cruz y Mendoza y es responsable en la producción del 6,6% de la oferta nacional de petróleo crudo y del 1,7% del gas.
Argentina dispone de los argumentos geológicos suficientes para seducir a cualquier inversor para producir petróleo y gas. La formación Vaca Muerta, por ejemplo, se encuentra entre las tres más importantes a nivel internacional de hidrocarburos no convencionales (según informe del Departamento de Estado de EEUU).
Sabemos que para este año se estima importar 14.000 millones de dólares en combustibles. Con las medidas adoptadas, nos preguntamos: ¿aumentará la producción para evitar comprar tanto combustible?, ¿bajará el precio de las naftas y el gas?, ¿mejorará la matriz energética y la balanza comercial?, ¿cuales serán las garantías jurídicas que ofrece nuestro país después de la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA? En fin, el tiempo lo dirá.
Muchos sectores festejan la nacionalización de YPF, pero sabemos que sin inversiones no habrá producción. ¿Podrá solo el Gobierno?, ¿mantendremos con subsidios otra empresa estatizada o tendremos que recurrir a inversiones genuinas privadas? Las cartas están en la mesa, esperamos que la estrategia que se use sea la mejor.