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La propuesta de expropiación de YPF por parte de la Nación, en general, tuvo pocos rechazos. Sin embargo, las formas en que se aplicaría el proceso y la intervención a la empresa en manos del ministro de Planificación, Julio De Vido, sí generó fuertes cuestionamientos dentro del arco opositor. El tema central es el temor que el manejo de los fondos de la petrolera sirva solo para salvar objetivos prioritarios de la administración de Cristina Fernández y no se proyecte la empresa para hacerle frente a los grandes desafíos económicos que le esperan. Además, se teme que no logre cubrir las necesidades que hoy ya padece la población: falta de gas durante los meses de mayor consumo y falta de combustibles en las estaciones de servicio, entre otras.
Para salvar las desavenencias con el mundo financiero que la expropiación le traería al país, el senador salteño Juan Carlos Romero se expresó ayer en contra y adelantó que ingresará al Congreso un nuevo proyecto, que propone la compra de las acciones de la petrolera a través de una oferta pública de acuerdo a las normas de la Comisión de Valores. La propuesta estipula que, una vez realizada la operación, la Nación retenga el 51% de las acciones y las provincias petroleras el 49%. En cuanto a la distribución de las acciones entre los estados petroleros, Romero analiza la necesidad de que esta distribución se realice teniendo en cuenta los “niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas”. Una vez más, la designación de los directivos de la nueva empresa es el punto clave. El legislador salteño reclamó que sean personas “especializadas” en hidrocarburos y gestión empresarial y que no ocupen cargos públicos.
Por su parte, los legisladores radicales afirmaron que apoyarán la medida de expropiación de YPF pero reclamaron que la negociación para la compra del paquete accionario, contemple las acreencias a favor del Estado argentino por incumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas. También exigieron la formulación de una “nueva ley de hidrocarburos”. A lo que agregaron la necesidad de una auditoría y que se exija la renuncia del secretario de Energía, Daniel Cameron. Desde el FAP, liderado por Hemes Binner, también apoyan el proyecto pero volvieron a insistir en la incorporación de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sigen y el Parlamento como organismos de control.
Desde el PJ Federal, Sonia Escudero, senadora por Salta, anticipó que “apoyará en general el proyecto de expropiación, pero que propondrá que “la expropiación alcance también las acciones en poder del Grupo Petersen”. Escudero también expresó su preocupación por las repercusiones que esta expropiación pueda generar a nivel internacional.