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La decisión del Gobierno nacional de retomar el control de la empresa YPF es legítima, por cuanto los hidrocarburos son bienes no renovables que forman parte de los intereses estratégicos del país. Sin energía asegurada, no hay una economía viable. Nuestro país perdió hace ya una década el autoabastecimiento y es hora de recuperarlo.
Sin embargo, no es la falta de inversión de una empresa en particular sino la persistencia en políticas energéticas equivocadas lo que ha causado la paralización de las actividades de exploración en busca de yacimientos de gas y de petróleo.
El déficit energético, negado sistemáticamente, ahora se ha vuelto insostenible. El incremento de las importaciones de gas es un síntoma de vulnerabilidad de nuestra economía y de nuestra soberanía. El producto bruto creció desde 2002 cerca del 90 por ciento, pero la producción de gas cayó un 11 por ciento y la de petróleo, un 25 por ciento. En el año 2000 nuestro país exportaba el 20 por ciento del gasoil que producía; hoy está obligado a importar el 25 por ciento del gasoil que consume.
No debe ignorarse un dato: nuestra matriz energética se apoya básicamente en el suministro de hidrocarburos, relegando la generación hidráulica y nuclear. Ni con niveles óptimos de producción de gas y petróleo, el país puede sostener esta distorsión. Lo mismo cabe decir del transporte, monopolizado por los ómnibus y camiones en desmedro de los ferrocarriles y el transporte fluvial.
La expropiación de gran parte de las acciones de Repsol en YPF no dará la solución al problema de fondo, pero puede ser un paso para avanzar hacia una política energética con objetivos estratégicos. Sin embargo, la acción compulsiva con que se ha puesto en práctica es desaconsejable para el país. Una expropiación supone una decisión de Estado, previo pago de la indemnización que corresponde. Si no es así, se trata de una confiscación.
Una actitud despótica, envuelta en un discurso antiempresa, aumentará el temor de los inversores, en una Argentina que volvió a superar los mil puntos de riesgo país.
El Estado no está en condiciones de afrontar por sí solo la inversión necesaria para la nueva YPF, que algunos estiman en los cuarenta mil millones de dólares en el mediano plazo.
El ensañamiento contra Repsol contrasta con el silencio oficial sobre las responsabilidades y el futuro del Grupo Petersen, que sigue controlando la cuarta parte de las acciones.
En el anuncio y la defensa del proyecto de reestatización parcial tampoco se ha mostrado ecuanimidad, ya que nada se dice de las otras petroleras que operan en el país, que invirtieron menos y producen menos que Repsol.
La economía argentina presenta urgencias que pueden comprometer la continuidad del modelo vigente; hay fuga de capitales, desdoblamiento cambiario, un crecimiento del gasto público superior al incremento de la recaudación y un costo en dólares muy alto, provocado por la inflación.
Las marchas y contramarchas no ayudan; la prepotencia y la discrecionalidad son nefastas en el largo plazo. La Argentina debe pensar su futuro, algo que dejó de hacer hace muchas décadas. El futuro será inviable con una economía cerrada.
Nuestro gobierno tiene el derecho y la obligación de defender los intereses del país y para recuperar el control de los hidrocarburos, y cuenta en esto con fuerte respaldo ciudadano.
Sin embargo, sería un error de consecuencias muy graves ignorar las advertencias que llegan desde otros países. España ha sido un socio fundamental durante gran parte del gobierno kirchnerista. Europa, más allá de la crisis transitoria, sigue siendo una potencia económica, tecnológica y cultural. Estos países, así como Estados Unidos y otras naciones de América, han reprochado, en algunos casos con mucha dureza, la forma compulsiva de la expropiación, que consideran una confiscación.
El nacionalismo declamativo que invita a cerrar los oídos al resto del mundo nos llevará por mal camino. El futuro de la Nación, en cambio, nos exige firmeza en la autodeterminación y madurez diplomática en la forma de llevar adelante las decisiones.