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El Gobierno de la Provincia lanzó este año un plan de seguridad basado en sumar policías y tecnología de vigilancia. Sin embargo, el programa parece no tener en cuenta aspectos sociales como la marginalidad y la falta de trabajo.
Las autoridades difundieron el objetivo de instalar 1.100 cámaras de monitoreo. Hasta el año pasado había 30 equipos en el centro de la ciudad.
También se informó que crecerá la cantidad de policías, que hasta el 2011 era de 8.000 uniformados.
Además, se promocionó la instalación de 200 botones antipánico para alertar sobre asaltos y otros hechos de violencia al 9-1-1.
En el plan no se mencionan problemas sociales que se asocian a los índices de inseguridad. La provincia tiene cerca de un 7 por ciento de desempleo, según los siempre conservadores indicadores oficiales.
A la falta de trabajo se suma la situación de miles de familias que viven en asentamientos sin acceder a derechos básicos como la educación.
El impacto de la escolarización incompleta se nota en las estadísticas carcelarias. Solo el 5,4 por ciento de las personas privadas de su libertad en Salta terminó el secundario.
El bajo nivel de instrucción es denominador común entre muchas personas que llegan a vincularse con el delito.
Además, en la provincia hay registradas más de 28.000 familias sin techo que esperan acceder a una vivienda social. Fuera de esta cifra, queda un gran porcentaje que no llega a cumplir con los requisitos necesarios para aspirar a una casa construida por el Estado.