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El juez de Instrucción Formal 3, Pablo Farah, quien investiga el caso de las torturas policiales en perjuicio de dos jóvenes, cometidas supuestamente entre mayo y julio de 2011 en la comisaría de General Güemes, recibió ayer el libro de guardia de esa dependencia, que consigna -a modo de bitácora- todos los acontecimientos ocurridos allí durante esos meses.
El documento administrativo se hallaba en poder del juez federal 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, quien se encuentra a cargo de la causa “narcopolicías”, cuyos protagonistas, dos oficiales salteños, habrían sido sorprendidos, en la noche del 25 de mayo de 2011 en un camino vecinal realizando un transporte de 50 kilogramos de cocaína, aunque la droga no fue hallada en poder de ninguno de ellos, sino que fue encontrada por un tractorista, a la mañana siguiente, a la vera de la ruta.
Los acusados son el exsubcomisario y exjefe de Inteligencia Criminal de la fuerza Gabriel Giménez (quien escapó esa noche pero fue atrapado a principios de este año en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y Carlos Gallardo, su subalterno y extitular de la delegación norte de esa unidad especial, con asiento en Tartagal, quien fue aprehendido esa misma noche, lo mismo que dos hermanos del prófugo, Carlos y Luis, quienes aseguran que habían ido a la zona luego de que su pariente les pidiera ayuda telefónicamente porque su auto se había empantanado en el río Mojotoro.
Carlos denunció posteriormente haber sido sometido a salvajes torturas y las fechas entre lo que le ocurrió a él y los apremios a Martínez y Rodríguez coinciden.
Por eso reviste importancia que el juez Farah tenga ahora el libro de guardia en su poder, ya que podrá saber quiénes estuvieron cada día en la dependencia. Sin embargo, seguirá faltando un dato clave: cuándo se efectuó la sesión en la comisaría güemense.
Para buscar mayores precisiones, el magistrado solicitó, el lunes, a la empresa YouTube, en cuyo sitio fue hallada la filmación, que aporte detalles de la misma: cuándo, dónde y desde qué IP (el equivalente al DNI de una computadora) fue disparado el polémico video.
Por este caso se hallan detenidos seis efectivos: el oficial Matías Cruz, el cabo Marcos Gordillo, el sargento Héctor Raúl Ramírez, los cabos Alberto Antonio Ontiveros y Leonardo Serrano y el agente Roberto Augusto Barrionuevo, aunque este último es sospechado de haber sido quien filmó el video, cosa que niega.
Uno de los chicos torturados, Miguel Martínez (el otro es Mario Luis Rodríguez), asegura que quien tomó las imágenes fue Barrionuevo. Por ello, Farah los someterá a un careo que se concretará el próximo 6 del corriente.
En otro orden, el magistrado rechazó una rueda de reconocimiento solicitada por la fiscal penal Emma Puente, en la que consideraba adecuado que las víctimas indicaran, una a una, a sus victimarios. La negativa de Pablo Farah tiene lógica: el video ha sido visto por miles de personas y resulta imposible que Rodríguez y Martínez sean la excepción, de modo que solicitarles que identifiquen a cada uno de los causantes del hecho basándose en esas imágenes resultaría absurdo.
Finalmente, el juez no hizo lugar a una solicitud del abogado Santiago Pedroza, quien solicitó que su defendido, Leonardo Serrano, fuera excarcelado.