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Las dos familias cuyos hijos discapacitados fueron desnudados para un cacheo por la policía cafayateña, con la aprobación de las docentes,
esperan esta semana respuestas concretas de los responsables políticos y técnicos. La consecuencia más grave que sufren los padres es que sus hijos se niegan a volver a la escuela y hasta sienten temor y vergenza de salir de sus casas.
Para hoy se comprometió la presencia de la supervisora de zona, Clara Elena Daher, quien la semana pasada en diálogo con El Tribuno admitió el grave error cometido y anticipó que la sanción a las docentes es “de tipo profesional”, es decir una baja conceptual en sus legajos. Hasta ahora no hubo una actuación directa en el lugar de ningún funcionario del Ministerio de Educación.
Quince días después de conocida la situación fue a Cafayate una comisión del Ministerio de Derechos Humanos, que comprometió a ambas familias el asesoramiento legal para las denuncias penales que correspondan. La subsecretaria de Grupos en situación de vulnerabilidad de esa cartera, Fabiana Avila, admitió que tomaron conocimiento de lo ocurrido por el diario El Tribuno, y también comprometió participar en la articulación entre la escuela y el hospital para la atención psicológica de los menores.
La requisa
La indignante revisión ocurrió el pasado 2 de agosto en la escuela especial Virgen del Rosario, cuando la maestra Nora Pastrana dijo que le desapareció de su cartera la billetera con $1.500. Con la vicedirectora, Rebeca Daniela López, convocaron a la policía y revisaron las mochilas a los alumnos, les sacaron las camperas y a dos de ellos los calificaron como “sospechosos” y les sacaron los pantalones y ropa íntima.
Nunca encontraron el dinero.
Ese mismo día los niños relataron angustiados a sus padres lo vivido. Las dos madres hicieron sus respectivas exposiciones y denuncias policiales. Según la Secretaría de Seguridad, ese mismo día viajó a la ciudad vallista el subjefe de la Policía, Regino Montero, para tomar medidas por la acción indebida de dos de los cuatro policías que fueron a la escuela.
Desde la Jefatura de Policía se informó que los dos agentes quedaron suspendidos, no obstante el titular de la Unidad Regional 6 Cafayate, Félix Peloc, dijo que fueron reubicados en otras dependencias.
Pedido de informes
A partir del estado público que tomó la requisa y el avasallamiento de los derechos de los niños, agravado por su condición de vulnerabilidad, el tema fue planteado en la última sesión de la Cámara de Senadores el jueves pasado.
Fue la senadora por Cafayate, Claudia Silvina Vargas, quien presentó sobre tablas sendos pedidos de informes a los ministros de Seguridad y de Educación, Eduardo Sylvester y Roberto Dib Ashur, respectivamente.
Los pedidos fueron aprobados por unanimidad y deberán presentarlo dentro de los cinco días hábiles de ser notificados, es decir que hasta el lunes de la próxima semana se espera la respuesta de ambos.
“Una de las madres vino a Salta y estuvo con funcionarios de Educación. Esperó respuestas y sanciones, pero no pasó nada”, contó la senadora agregando un dato más al hecho. “Reprocho totalmente lo que pasó. Lo de los policías es imperdonable porque conocen perfectamente cómo deben actuar. Y las docentes tendrán que capacitarse, porque los derechos de los chicos están primero”, remarcó Vargas.