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Una polémica interminable. Ignacio Ballesteros, un polista cordobés que supo hacer negocios millonarios con caballos en Inglaterra y que además tenía inversiones inmobiliarias, se encuentra en estado vegetativo desde diciembre de 2010, cuando tuvo un accidente con un caballo en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.
En ese momento, y en contra de la voluntad de su esposa y de un juez de esa ciudad y junto a policías federales, los padres de Ballesteros consiguieron que su hijo sea trasladado de Rosario a un centro de Córdoba.
Este movimiento se pudo llevar a cabo gracias a que los padres del polista consiguieron la autorización del juez federal Ricardo Bustos Fierro.
A partir de ese momento se suscitó un conflicto que ya llegó a la Corte Suprema y que, dentro de poco, resolverá qué tribunal debe disponer del lugar en donde el joven debe continuar el tratamiento. Mientras la causa estaba ya en la Corte, la Cámara Federal de Córdoba intervino y anuló lo autorizado por Bustos Fierro. Por ese motivo, los padres del polista decidieron acusar a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura y pedir juicio político. Además denunciaron ante la Defensoría Oficial de la Nación a Mercedes Crespi (la defensora local actúa porque se trata de un incapaz) y plantearon el caso ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Estado de mínima conciencia
Según un informe, Ignacio Ballesteros se encuentra en “estado vegetativo de mínima conciencia”. En otro documento se pudo establecer que padece “cuadriparesia espástica” y no puede moverse ni comunicarse.
El conflicto gira en torno a quién es el que puede disponer del destino del polista. “Ojalá pudiera preguntarle dónde quiere estar y esto se acaba”, señaló su padre, Eduardo Ballesteros, que es presidente de la Sociedad Rural de Córdoba capital. El hombre acusó a los camaristas Ignacio Vélez Funes, Vicente Muscará y Carlos Lascano, y levantó sospechas de coimas y de “arreglos con los narcos” en otras causas.
Argumentos extraños
El 11 de junio, por orden de Bustos Fierro, Ignacio fue trasladado de una casa alquilada por su esposa porque, a su criterio, era deficiente la atención que recibía el polista. El juez avaló el planteo de los padres, que aportaron un certificado del centro de rehabilitación de Córdoba (donde no lo habían visto aún) y de un médico de San Luis. “Los derechos de Ignacio estaban siendo totalmente vulnerados”, sostuvo Eduardo Ballesteros. La ley establece que es la cónyuge, Gisela La Menza, la que debe decidir sobre el tratamiento y su domicilio. Sus abogados señalaron que una jueza de Campana declaró incapaz al polista y le otorgó la curatela de bienes, un tema sobre el que también hubo presentaciones judiciales. Gisela aseguró que Ignacio tenía a 14 profesionales que lo cuidaban todo el día. Además, sus abogados cuestionaron el hecho de que el polista no haya tenido un estudio mínimo previo al traslado para verificar si estaba en riesgo.
Gisela La Menza, la esposa de Ignacio, detalló: “Después de que mi marido tuvo el accidente quedó internado en el instituto Fleni de Escobar. Allí me recomendaron que empezáramos a hacer salidas transitorias los fines de semana y me sugirieron que lo llevara al campo. Entonces quise vender la camioneta que teníamos y comprar una con rampa para llevarlo a él en la silla de ruedas. Pero el padre de Ignacio me quiso hacer firmar un convenio que me permitía vender el vehículo siempre y cuando él tomara las decisiones sobre la salud de Ignacio. Yo me negué y a partir de ese momento mi suegro enloqueció. Me amenazó de muerte y me dijo que me iba a arrancar los dientes, una locura”.
“La relación era distante, pero no nos llevábamos mal”
Los hechos relatados por la esposa son de junio del 2011. “Antes del accidente de mi marido, la relación que tenía con mi familia política era distante, pero no nos llevábamos mal”, dijo la mujer.
La esposa del polista afirma que, luego de ese episodio, la familia de Ignacio comenzó con acciones legales. “En todos los juzgados los actores son siempre ellos. Yo soy siempre la demandada”, señaló la mujer que admite estar “desesperada” por encontrar algo que haga salir adelante a su marido.
“El único objetivo del padre de Ignacio es obtener la curatela, una responsabilidad que la justicia le otorga a alguien para que se haga cargo de los bienes de una persona cuando esta, por razones de salud, no puede decidir sobre estos. Ellos quieren hacerme pasar por loca y dijeron que Ignacio estaba descuidado, para poder, así, obtener la curatela como sea”, remarcó.
Y agregó: “A Ignacio lo sacaron de mi casa con la policía, como si fuera un paquete. Al hijo lo tienen como un trofeo para obtener a curatela. Todo esto lo hicieron para eso. Crearon jurisdicción, lo sacaron de Rosario porque ahí nadie les iba a dar la representación legal y se lo llevaron a Córdoba donde consiguieron al juez Bustos Fierro”.
Experimentó un retroceso de salud
Con respecto a la salud de Ignacio, su esposa explicó que “está con los ojos abiertos, entiende todo lo que pasa a su alrededor pero no puede expresarse verbalmente ni mover voluntariamente su cuerpo. Solo logró mover la mano derecha y así nosotros habíamos logrado un sistema de comunicación. Pero desde que está acá pasó todo lo contrario. Lo tienen todo el día acostado y con los ojos cerrados. Me ve y empieza a respirar fuerte porque me debe querer decir un montón de cosas”, explicó Gisela entre lágrimas.
“Tiene que volver a casa”
“Tiene que volver a mi casa porque no hay nada en contra mío. Todo lo que consiguieron fue a través de Bustos Fierro, que no tiene buena fama, y que la Cámara le declaró todo nulo porque lo consiguieron a través de mentiras”, relató la esposa.
“Dentro de todo lo malo que me están haciendo pasar, lo bueno es que quedó todo asentado. Cada paso que daba tenía que explicarlo. Lo importante es que Ignacio tiene posibilidades de recuperación, pero el proceso es lento porque el golpe que recibió en el accidente fue durísimo. Para su recuperación necesita estar tranquilo, en paz y que no lo estén llevando de un lado al otro”, concluyó Gisela.