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El proyecto de la Ciudad Judicial de Tartagal fue un proyecto cargado de buenas intenciones. La zona es el centro de operaciones del crimen organizado, y tener una espacio donde se impartiera justicia con celeridad y criterio era fundamental. En realidad aún lo sigue siendo pues las obras de esta gran mole están paralizadas y retrasada dos años.
El 16 de julio del año 2009, se firmó el convenio para la construcción de la Ciudad Judicial, en un acto que tuvo la participación del gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey. Esta obra es emblemática, millonaria y fundamental para la administración de Justicia para el distrito norte que conforman los departamentos San Martín y Rivadavia y que involucran alrededor de 200 mil salteños. El proyecto estimaba que la obra estaría terminada 730 días después -dos años- según el cartel colocado en su momento por el gobierno de la provincia. En la actualidad la obra no registran movimientos. Se ha convertido en una gigantesca mole donde los únicos que avanzan son los pastizales.
Más de 45 millones
El complejo judicial de Tartagal, cuyo presupuesto en el año 2009 superaba los 45 millones debía reunir el funcionamiento del Poder Judicial, la Cámara del Crimen, del Ministerio Público y una Alcaidía. Con ese nuevo complejo los juzgados y demás dependencias dejarían de funcionar como la hacen hasta ahora desperdigados en viviendas particulares ubicadas en distintos puntos de la ciudad. La circunscripción Tartagal celebró en 2008, treinta años de su creación. Cuando quedó independizado de Orán, magistrados, abogados, empleados y la comunidad pedían la construcción de un edificio que concentrara toda la actividad e hiciera un poco más cómodos los trámites, que de por sí son engorrosos. Con la firma del convenio para la obra Tartagal daba un paso fundamental en este viejo anhelo.
Otra consecuencia positiva sería la generación de fuentes de trabajo para obreros de Tartagal y las mejoras que se producirán en la zona donde está emplazado el nuevo complejo, en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y ruta nacional 34 al sureste de la ciudad. Las obras fueron adjudicadas a la empresa local Garín Construcciones y Romero-Irgazabal de la Ciudad de Salta.
El edificio actual tiene un subsuelo donde debía funcionar la Alcaidía , planta baja y varios pisos superiores.
El proyecto comprende 11.000 metros cuadrados cubiertos ya que al Poder Judicial y Ministerio Público que funcionarán en dos bloques distintos, se sumaron algunas otras dependencias. Pero pasados cuatro años, solo un puñado de obreros realiza uno que otro retoque.
Acciones y precios
Las gestiones para la construcción de la ciudad judicial de Tartagal datan de agosto del año 2005 cuando funcionarios de la anterior administración provincial junto al entonces intendente Darío Valenzuela y varios jueces de la circunscripción Tartagal realizaron una primera reunión para analizar las posibilidades concretas de la construcción de un edificio que concentrara toda la administración de justicia. Por un decreto firmado por el ex gobernador Juan Carlos Romero, el predio que pertenecía a la Dirección Provincial de Vialidad pasó al ámbito del Poder Judicial.
Ningún responsable de la Unión Transitoria de Empleo (UTE) que se adjudicó la millonaria obra quiso realizar declaraciones a El Tribuno en relación al atraso de más de 2 años que registra hoy ese complejo,.
Diego Avalos, concejal del PRS de Tartagal consideró que “lo más probable es que la inflación se haya comido los fondos destinados a ese complejo y por eso no lo pueden terminar. Se ve uno que otro obrero trabajando pero a ese ritmo es imposible que pueda terminarse una obra tan grande, aunque se decía que lo querían concluir para fines de este año. A la ciudad judicial le pasó lo mismo que a las obras del Fondo de Reparación Histórica. Cuando desde el gobierno provincial tomaron la decisión de pasar el fondo de dólares a pesos se perdió alrededor de un 40 por ciento y lo que quedó se lo devoró la inflación”.
El exintendente de Tartagal y actual diputado por San Martín del PRS, Darío Valenzuela, responsabilizó a la Secretaría de Obras Públicas de la provincia que ideó un proyecto que respondía a las necesidades rea les de la zona.
La Justicia sin infraestructura no puede aplicarse
Por Sonia Escudero, senadora nacional
Si bien las obras de la Ciudad Judicial de Tartagal y el funcionamiento del Juzgado Federal para la misma zona, van por separado, al final del camino están íntimamente relacionados.
El Juzgado Federal de Tartagal está creado desde hace dos años y durante todo ese tiempo no se ha podido avanzar porque el Consejo de la Magistratura no funcionó en todo el año. Las leyes de democratización de la Justicia mantuvieron durante todo este tiempo paralizada la Magistratura. Tampoco hubo por parte del Gobierno nacional ningún interés de poner en marcha este juzgado. El accionar de la Justicia federal en esta zona es clave. La zona norte de Salta es muy compleja, es una región donde el crimen organizado que incluye tráfico de drogas, tráfico de personas y tráfico de armas se da a diario.
En lo que respecta a la Ciudad Judicial de Tartagal, su próximo funcionamiento es vital. Hay que tener en cuenta que a partir de 2014 rige la ley provincial que desfederalizó los delitos por drogas. Esto quiere decir que los jueces provinciales van a empezar a tener competencia en materia de delitos menores de narcotráfico y con la actual infraestructura esto va a ser totalmente imposible.
La situación es grave y los tiempos se acortan. El Gobierno provincial no está tomando las acciones necesarias para cuando entre en vigencia la ley de desfederalización de los delitos menores de droga que puede llegar a ser de aplicación casi masiva en la zona de los departamentos de San Martín y Orán.