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A poco más de cuatro años de aprobada la Ley de Medios en el Congreso por iniciativa del Gobierno Nacional y tras las numerosas idas y vueltas de una batalla judicial que atravesó la segunda etapa del kirchnerismo, la Corte Suprema de Justicia le puso el toque final.
La ley 26.522 fue aprobada en el Congreso en septiembre de 2009 luego de un fuerte debate, en el que participaron entidades y ONG´s en todo el país, pero a los pocos meses sufrió el primer traspié: el renunciado juez en lo civil y comercial federal Edmundo Carbone dictó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma.
El 14 de mayo de 2010 la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó la medida cautelar de Carbone, en donde suspende la aplicación del artículo 161 que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación; y revocó la suspensión del 41 sobre la cantidad de licencias.
El 5 de octubre de ese año, la Corte evitó intervenir pero fijó que la cautelar no podía tener una duración extensa y que el Tribunal debía fallar sobre el fondo de la cuestión, esto es si es o no constitucional los cuatro artículos cuestionados de la ley. En el medio hubo varios fallos de distintas provincias, como Mendoza y Santiago del Estero, suspendiendo artículos de la ley; y también intentos sin éxito del Gobierno para que se levantase la cautelar.
En mayo de 2011 la Sala I de la Cámara Civil y Comercial fijó en 36 meses la vigencia de la cautelar, y un año después el Máximo Tribunal fijó que ese plazo vencía el 7 de diciembre, tan promovido por el Gobierno como la fecha límite en que se caía la cautelar.
El per saltum
En noviembre de 2012 la Corte instó al magistrado de primera instancia que dicte el fallo sobre la cuestión de fondo, y es así que el 14 de diciembre de ese año el juez Horacio Alfonso rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley solicitado por el Grupo Clarín.
Tras el fallo, el Gobierno interpuso un per saltum (esto es, salto de instancia) para que la Corte falle directamente y evitar así que intervenga la Sala I de la Cámara que le había fallado en contra años atrás: pero el 27 de diciembre el Máximo Tribunal lo rechazó por unanimidad.
El 17 de abril de 2013 nuevamente la Sala I de la Cámara Civil y Comercial vuelve a fallar pero esta vez sobre el fondo de la cuestión.
Los jueces declararon inconstitucional en forma parcial el artículo 45 de la Ley de Medios que fija límites a la
concentración de licencias, esto es, el referido al tope de licencias que puede tener un medio; pero decretaron constitucional el 161 y el 41; el primero referido al plazo de un año de desinversión y el segundo la potestad del estado en distribuir el espacio radioeléctrico.
A su vez, el artículo 48 que la Cámara decretó inconstitucional es referido a la "concentración indebida", declarándolo
inaplicable para el grupo Clarín. La última intervención de la Corte había sido cuando meses atrás celebró audiencias públicas en las que el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín, así como ONG´s y "amicus curiae" (amigos del Tribunal) pugnaron por sus respectivas posiciones.