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Aunque la oposición insista con su revisión, saben que no tienen chances de que el Estado (en todas sus categorías) y sus funcionarios queden expuestos a asumir cargos ante un hecho que, por ejemplo, perjudique a un ciudadano o a una empresa.
El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que hay fallos de la Corte que juzgan por esa figura legal y que establecen la responsabilidad del Estado en el ámbito del Derecho Público y del Derecho Administrativo. Y advirtió que “si la ponemos en el derecho privado van a haber quienes van a querer interpretar que la responsabilidad pública es mucho más amplia, y eso sería vulnerar la autonomía provincial”. Quiso decir que municipios, provincias y el Estado central podrían quedar expuestos a la búsqueda de lucro cesante si la figura queda habilitada en el nuevo Código que este miércoles tendrá media sanción del Senador nacional.
La oposición se queja y pide que los Gobiernos asuman lo que les toca. También sus autoridades. Pero no tendrán suerte ya que en simultáneo, este miércoles, el Senado analizará el proyecto de ley para unificar ambos Códigos y en la Cámara Baja se debatirá la iniciativa oficialista que excluye del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios cuando se comete un daño, lícito o no, a un tercero.
En los fundamentos, se insiste con que ese tipo de planteos es competencia del fuero administrativo, no del civil, y esa es la razón para haber escrito una ley especial.
Aunque la discusión está cerrada, las críticas siguen resonando. La oposición no se cansa de repetir el perjuicio y daño que esta decisión implica para la ciudadanía que estará vedada de reclamar por un daño cometido por el Estado (municipal, provincial o central) por la vía civil, como lo estableció una comisión de juristas que redactó el anteproyecto que el Poder Ejecutivo envió el año pasado al Congreso.
Diputados y senadores recuerdan que “todo sujeto tiene derecho a la reparación integral, no pueden limitarse los daños” y que el proyecto propuesto por el kirchnerismo “vuelve 100 años atrás el paradigma” aceptado en el país.
Sonia Escudero, senadora nacional
“Un nuevo Código Civil bienvenido, pero en deuda”
Estamos ante un proyecto de Código Civil y Comercial lleno de luces y sombras. Hay cuestiones que ameritan ser replanteadas: la filiación post mortem, el derecho a la identidad del niño nacido a través de las técnicas de reproducción humana asistida, el divorcio exprés y los contratos prematrimoniales para la división de bienes que en nuestra sociedad pueden llegar a perjudicar a las mujeres que muchas veces tienen menos oportunidades de trabajar.
Por otra parte, no se ha producido la inclusión de aspectos que faciliten la adquisición de la propiedad de la tierra y la vivienda disminuyendo los plazos de la posesión veinteañal; a lo que debemos agregar que lamentablemente se eliminó la mención de la “función social” de la propiedad. También se descartó la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, lo que complicará que las provincias y municipios respondan ante la gente por su inacción. Por fin se reúnen los códigos civil y comercial incorporando avances en adopción y descartando la gestación por sustitución.
El nuevo Código aún así será un gran avance y su actualización resulta a todas luces necesaria.
Bernardo Biella, diputado nacional
“No entiendo la rapidez”
No entiendo cual es la necesidad de querer modificar el código sin un debate profundo previamente. Mi opinión sobre la reforma del Código Civil es que se debería haber realizado más detenidamente. No a las apuradas. Por eso me pareció como tomado de los pelos. Disiento con varios puntos y aspectos que contempla la iniciativa. A los pueblos y comunidades originarias es importante que se les reconozca la propiedad comunitaria de las tierras. Pero lo omite. El Estado, las provincias y los municipios deben obtener el consentimiento de cada una de las comunidades ante cualquier cambios que se quiera realizar en sus tierras.
Estoy a favor de que la vida empieza a partir de la concepción. Hay sectores que dicen que la vida comienza en el momento de la concepción en caso de embarazo normal, pero no cuando se trata de la fertilización asistida, ya que en ese caso es a partir de la implantación cuando hay vida.
Lamentablemente, cuando hablamos de limitar la responsabilidad del Estado estamos desprotegiendo a los individuos. Otro punto importante es que no contempla el derecho al agua potable, algo difícil de explicar.
Luisa Storani, diputada y miembro de la Mesa de Reforma
“Un arduo trabajo”
El trabajo de los jurista fue impecable y el Ejecutivo mandó también un proyecto con algunos cambios. Lo que hicimos fue una labor muy dura. Escuchamos dos mil ponencias. El año pasado ya estaba listo para que lo discutamos pero lo postergaron. Ahora sacaron un dictamen y lo estamos haciendo con consenso. Pero, sorpresivamente apareció un proyecto del Ejecutivo referido a la responsabilidad del Estado. Le quita funciones y quiere liberarlo de aspectos básicos de protección que son de suma importancia. Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, vamos a velar para que la responsabilidad del Estado esté contemplada.
El kichnerismo tuvo que ceder ante sus amplias pretensiones porque se trata de formar consensos, no de imponer voluntades.
Lo que sí no entiendo es por qué el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se entromete y anuncia que en Diputados no trataremos el proyecto. ¿No entendió que son dos poderes separados? Estoy a favor de un nuevo código. El que tenemos es muy viejo y los códigos tienen que regular la vida actual y cotidiana de las personas. Hay mucho retraso en el código anterior.
Sebastián Aguirre, abogado
“Prepará tu pulgar”
Desde antes de que nazcas y hasta después de tu muerte estás siendo reglamentado por los Códigos Civil y Comercial. El Poder Ejecutivo te contó que quería unificar y modificar esos Códigos. Ese día te avisaron que podrían cambiar las reglas de tu vida cotidiana. Todavía no tenían el proyecto, así que le pidieron “una mano” a una comisión especializada para que lo elabore, integrada por ministros de la Corte. Los mismos que eventualmente controlarán su constitucionalidad (curioso, ¿no?). Los principales cambios versan sobre la responsabilidad del Estado y de los funcionarios; la adopción ahora se focaliza en proteger los derechos de niños a vivir en una familia y el proceso se agiliza. La persona comienza desde la concepción. Así, parece darle “status” de persona al embrión, por lo que las técnicas de fertilización asistida se verían imposibilitadas de aplicarse, ya que provocarían abortos múltiples. El amor, la fidelidad o cualquier injuria que se propinen con tu cónyuge ya no interesarán. Cuando los dos, o cualquiera quiera divorciarse, basta con que ella se presente en el juzgado.
Estaremos expectantes al debate en las Cámaras. Después, sólo queda tu pulgar, porque esta red social, “la democracia”, sí te permite poner “no me gusta”.
Walter Neil Bühler, abogado
“La función social de la propiedad: un paso fugaz”
Con la misma velocidad con la que entró en escena, desapareció la propuesta de establecer expresamente la función social de la propiedad, en el nuevo Código Civil. En el proyecto original no se había siquiera mencionado esta característica que ha sido admitida inclusive a nivel constitucional por numerosos países. El oficialismo, que inicialmente la propusiera y que se auto considera “progresista”, admitió suprimir la expresión que molesta a los sectores más reaccionarios. El texto en cuestión dice que si bien las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, “la propiedad tiene una función social y está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. La oposición sostuvo que si la legislación interna es tan vaga y ambigua, los habitantes no tienen reglas claras de sujeción para desarrollar los actos de su vida civil en los términos que determina la Constitución. Nadie se atrevió a cuestionar el concepto en sí, solo pensaron en el uso político. El debate es ridículo y la inclusión de la función social de la propiedad es necesaria, por reflejar la realidad que impera en el derecho.