inicia sesión o regístrate.
Desde este asiento veo pasar sumisa a una señora de bajos recursos. Tiene miedo, probablemente sienta en el cuerpo el autoritarismo.
Desde acá, en los pálidos pasillos de Ciudad Judicial, resulta más fácil entender que la peor de las dictaduras es la democrática; la de los gobiernos que bajo el atractivo disfraz de una constitución semántica, elaboran por detrás las peores injusticias amparados por el escudo de la legitimidad del voto.
Tengo sobre mi rodilla una copia de la nueva reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, la misma que fuera elaborada sin debate previo en el ámbito académico ni profesional.
Observo que los agentes policiales se encuentran facultados expresamente a efectuar requisas a personas y bienes sin intervención alguna del juez. No puedo seguir leyendo. Invaden mi cabeza imágenes. Soy transitoriamente incapaz de apartarme de las torturas en la Comisaría de Gral. Gemes, en la de Pichanal, en la de Orán... decido pensar que habrá recambio en nuestra Policía, que se intensificará su preparación, que se agudizará su sentido jurídico, o el humanitario, o al menos el común. Sólo de esta manera, aunque tengo la certeza de que nada de ello sucederá, me siento con fuerzas para seguir.
Advierto que el inicio del procedimiento ya no necesita del “Decreto de Apertura”, y que la investigación se efectúa a espaldas del investigado. Descubro que la indispensable declaración ante un juez de Garantías ya no es tan “indispensable”. Todavía incrédulo noto que la nueva norma ordena la excluyente declaración ante el fiscal. Leo nuevamente y confirmo que el mismo señor que te acusa, es el que te toma declaración. Me pregunto por el juez, el imparcial, el custodio del valor justicia, y reparo que se encuentra limitado a preguntarle al detenido si lo trataron bien durante la detención, presumo que este último deberá valerse de mucha valentía, porque la respuesta la tendrá que evacuar delante del guardia penitenciario.
Me muevo preso de la incomodidad y cae de mi otra rodilla, la Constitución. Percibo una señal, levanto la carta magna y encuentro oportuno repasarla.
Ratifico que todos podemos entrar, permanecer, transitar y salir libremente de nuestro territorio. Confirmo que todos los acusados penalmente tienen derecho a ser oídos por un juez independiente, competente e imparcial y no ante su acusador. Verifico que no pueden ser arrestados sino en virtud de orden escrita de una autoridad competente y que es inviolable la defensa en juicio de su persona y de sus derechos.
Levanto la cabeza, y regreso la mirada a esa señora con precarios atuendos, ahora situada frente a la “mesa de entradas”. Sollozando pregunta con voz quebradiza por su hijo detenido, al tiempo que intenta rearmar la súplica que seguramente tenía ensayada.
La “autoridad” que busca está ocupada. Ella debe volver mañana.
Me pregunto si nuestros representantes tienen presente que el poder emana del pueblo, por la sencilla razón de que pertenece al pueblo. Si comprende que ese poder nadie se los delegó, simplemente lo ejercen en nombre de aquel. Me interesa saber si entienden que se encuentran sometidos a una Constitución cuyas normas son operativas y que están por encima de todos sus actos.
Tengo aún muchas preguntas; probablemente, al igual que nuestra democracia, aún me falta madurar.