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A dos días de cumplirse el segundo aniversario de la fecha en que tendría que haber recibido la casa que siempre soñó, Federico Martínez (41), comentó a El Tribuno que su lucha y de las de otras 17 personas que denunciaron haber sido estafados por una empresa constructora, todavía sigue en pie.
El hecho comenzó el 8 de enero de 2011, cuando el hombre decidió contratar a la empresa Viviendas Americanas General Güemes para que le construya una vivienda premoldeada, y tras entregar $15.750 acordó que en el plazo de 31 días iba ser edificada en su terreno en San Luis. Sin embargo, una parte del contrato nunca se respetó y el hombre solo pudo conseguir que la firma que había contratado levantara solo una pared, que se cayó a los 20 días de haber sido construida, abatida por el viento.
“Cuando radiqué la denuncia, me di con la novedad que otras 17 personas habían sufrido la misma estafa del señor Miguel Angel Quiquinto Figueroa, quien luego cerró sus locales (en calle Catamarca 555 y Buenos Aires 88), donde además dejó deudas y luego parece que se lo tragó la tierra”, dijo el hombre, quien dijo que fue “gravemente damnificado”.
“Sin embargo -dijo-, curiosamente el juez de Instrucción Formal 4, Antonio Germán Pastrana, quien lleva adelante la causa, dictó una providencia donde comunica que este hecho no corresponde a un delito”, expresó Martínez.
“Quiero que el estafador Quiquinto Figueroa sepa que ni yo ni los otros estafados vamos a quedarnos de brazos cruzados y marcharemos a Ciudad Judicial para pedir una audiencia con el magistrado”, adelantó.
“Lamentablemente -continuó Martínez-, sabemos que este señor es tan vivo que no tiene ningún bien a su nombre y por ello se cree impune. Pero -advirtió- tarde o temprano tendrá que aparecer y pagar todo el daño que nos hizo”. Cabe recordar que en diferentes oportunidades los denunciantes escracharon al acusado y hasta se presentaron en su domicilio, situado en Villa Soledad, donde se trenzaron en un fuerte debate con las hijas del sospechoso, identificadas como María Belén y Estela, quienes luego denunciaron que los manifestantes las golpearon y aseguraron no tener nada que ver con la empresa de su papá.