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El cabo policial Miguel Adolfo Jesús Peralta (32), quien el 22 de febrero pasado denunció en el Ministerio Público Nacional haber sido testigo del momento en que tres de sus colegas de la Brigada de Investigaciones de General Gemes cargaban dos bolsos con ladrillos con cocaína de los que nunca se informó nada más, amplió sus acusaciones, presentando sendos testimonios del caso, ante el Fiscal Federal 2, Eduardo Villalba, y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy.
El suboficial dijo que el avistamiento del caso, al que califica como robo, ocurrió el 26 de mayo de 2011, sobre la ruta provincial 8, cuando fue enviado por los entonces jefe de Drogas Peligrosas de la fuerza (hoy máxima autoridad) y el subjefe de la misma, Marcelo Lami y Simón Pistán, respectivamente, en calidad de agente encubierto, a observar lo que sucedía en la zona, al día siguiente de que estallara el bullado caso de los narcopolicías salteños.
En su primera declaración, Peralta dijo que para cumplir la misión se vistió como cazador y echó a andar por el derrotero que 24 horas antes había sido escenario de la captura del oficial Carlos Gallardo, a cargo de la División Norte de Inteligencia Criminal y de la fuga -en diferentes autos- del subcomisario Gabriel Giménez, quien fue atrapado meses después en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
En el camino se hallaron, al otro día de iniciada la persecución de Gallardo, 50 kilos de cocaína que estaban en una mochila, a la vera del camino y supuestamente arrojada por el prófugo durante su fallido escape.
La droga fue encontrada, se dijo oficialmente, por un tractorista, versión que Peralta niega terminantemente. “En esa zona no hay cultivos ni nada que justifique la presencia de un trabajador de esta naturaleza”.
Antes, otros policías habían hallado empantanado en el río Mojotoro el VW Fox Cross en que se trasladaba Giménez, quien niega terminantemente que Gallardo o él hayan trasladado droga. Y asegura que custodiaban, por contrato, una remesa de $800.000.
“Esa mañana del 26 de mayo de 2011 yo tenía que recorrer la zona, la que, por orden de Lami y Pistán, estaba vedada para cualquier personal de General Gemes. Ellos habían sido excluidos de la operación. Sin embargo -contó a El Tribuno-, yo me encontré frente a frente con tres efectivos gemenses. Uno estaba a bordo de una camioneta de la Brigada de Investigaciones. Era un tal Kika Segura Salazar. Los otros dos aparecieron entre los yuyales con dos bolsos azules de nailon cargados con ladrillos. El primero era el oficial Burgos. Y el otro, un tal Jaramillo, que ya no cumplía servicios en la zona porque lo habían trasladado. Ellos me miraron y yo pensé que puf!, haberlos visto me genera un problema. Ellos al verme tiraron los bolsos a la caja y se fueron, señalándome con sus dedos, como diciendome "callate, eh'”.
En su nueva declaración ampliatoria, el cabo Peralta da mayores precisiones de lo que vio ese día. En el escrito del Ministerio Público, que lleva la firma de Paula Gallo Puló, secretaria de la Fiscalía Federal 2, se puede leer: “Preguntado si desea agregar algo más, contesta que sí, que quiere aclarar que Segura Salazar, Jaramillo y otros se encontraban guardando dentro de los bolsos paquetes de color ocre con droga. Expresó que cuando se acercó a las personas nombradas, estos guardaron rápidamente en el bolso la droga y posteriormente la subieron rápidamente a la camioneta. Finalmente solicitó que se secuestren los libros de guardia de la Dirección General de Drogas Peligrosas, correspondientes a mayo y junio de 2011”.
El cabo Peralta, quien asegura que informó de todo lo visto a Lami y Pistán, dijo a El Tribuno que a partir de ese momento “nunca más me recibieron” y en la fuerza “se inició una persecución asfixiante en mi contra. ¿Qué fue lo que vi yo? ¿Por qué me persiguen de esta forma? ¿Por qué, jamás mis jefes han aceptado recibirme o decirme, al menos, qué es lo que está pasando?”, son las preguntas que se hace día tras día el suboficial.
Le quitan la casa y se la readjudican a Pistán
En lo que parece una venganza o un acto de injusticia absoluto, las autoridades del Gobierno de la Provincia resolvieron desajdudicar la casa que se iba a entregar al subcomisario Gabriel Giménez y a su esposa, la oficial Beatriz Marina Garzón, en el barrio Los Mirasoles, actualmente en construcción, situado en la zona norte de la ciudad, a la vera de la Ciudad Judicial.
Los inmuebles son fruto de una operatoria del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) destinados a personas de ingresos medios, previo el pago del valor del terreno.
Lo increíble de este caso es que la unidad no solo se le fue retirada a Giménez, supuestamente por inconducta por su vinculación con el caso llamado “narcopolicías salteños”, sino que en el mismo acto le fue entregada al comisario Simón Pistán, quien en el momento de estallar el caso que ahora se ventila en el Juzgado Federal 1 de Salta y que mantiene en calidad de prisioneros a Giménez y al oficial Carlos Gallardo, era subjefe de la Policía, exjefe de la División Drogas Peligrosas y por entonces activo integrante de las acciones relacionadas con el caso.
El perjuicio a una familia, cuya culpabilidad no está demostrada aún, y el beneficio a otra sin mayores explicaciones, da cuenta de la existencia de algo anormal, donde se han aplicado criterios de índole subjetivo y que sugieren estar al frente de una forma de venganza.
En la resolución 1019, del 5 de diciembre de 2011, firmada por la entonces presidenta del IPV, arquitecta Adriana Krumpholz, se explican en los considerandos los fundamentos de la medida: “Que atento por lo solicitado por el Sr. Secretario de Seguridad (entonces Aldo Rogelio Saravia) del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia de Salta (entonces Pablo Kosiner, actual diputado nacional), quien solicita se deje sin efecto la preadjudicación conferida a los sres. Gabriel Giménez y Marina Beatriz Garzón, por considerar que el preadjudicatario ha incurrido en una conducta indisciplinaria que ha afectado el prestigio de la Institución policial, el de sus miembros y el decoro del empleo, por lo que la Coordinación Ejecutiva de este IPV estima que es procedente revocar la preadjudicación referida, y lo expresa mediante dictamen N§ 650/11”.
Posteriormente añade, sin dar argumentos: “Preadjudicar en su reemplazo a favor de los sres. Pistán Simón Alberto y Chocobar Luis Dolores...”.
Un prejuicio grave
La desadjudicación de la casa de la casa que le había sido otorgada, previo pago de su terreno, al subcomisario Gabriel Giménez, involucrado en la causa de los narcopolicías salteños, pero aún no condenado, implica la comisión de una medida prejuiciosa inadmisible ya que el acusado no ha sido aún condenado y nadie puede ser considerado culpable antes de que se comprueben sus cargos.
Giménez asegura no haber llevado jamás cocaína en el vehículo y señala que tanto él como su colega Carlos Gallardo, iban a Buenos Aires en calidad de custodios de una transferencia de $800.000 encomendada por un tercero, en Salvador Mazza.
Sin embargo, en este caso hay otra incongruencia: la vivienda había sido adjudicada no solo a Giménez, sino también a su esposa, Beatriz Marina Garzón (y a los hijos de ambos), también oficial de la fuerza, que fue absuelta de toda sospecha en la causa y a la que, como si fuese poco, la dieron de baja sin razones.
Por ambos hechos la mujer acciona legalmente contra el Estado.