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El proyecto que establece un máximo de seis meses de vigencia para las cautelares y le otorga al Estado la potestad de apelar con efecto suspensivo esas medidas -excepto cuando se van comprometidos derechos básicos- fue girado a la Cámara de Diputados.
La oposición en pleno votó en contra de la iniciativa y la calificó de "inconstitucional".