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La movilización multitudinaria del jueves fue la mayor registrada en muchos años. Superó en número a las dos precedentes, en septiembre y noviembre, y obliga a evocar las que se produjeron en 1973, con motivo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, y en 1987, cuando visitó el país Juan Pablo II.
Nuevamente, el dato destacable es que la convocatoria se hizo a través de las redes digitales, sin que una figura en particular oficiara de convocante, y se expandió por todo el territorio argentino.
Tanta gente en la calle debe ser un llamado de atención para los gobernantes.
El mensaje más simple es el de la insatisfacción de un sector muy importante de la ciudadanía.
No vale frente a esta expresión multitudinaria contraponer la legitimidad indiscutida de un gobierno que ganó con el 54 por ciento de los votos. Las urnas legitiman el poder, pero no otorgan un poder absoluto.
Lo primero que debe revisarse es el funcionamiento de los canales institucionales de participación ciudadana. Ese rol, por excelencia, debe cumplirlo el Congreso de la Nación, donde los legisladores representan a todos los segmentos de la sociedad y a los habitantes de cada uno de los puntos del territorio. Es contradictorio pretender que un parlamento, que es un cuerpo deliberativo, revisor y cuya tarea es poner justos límites al poder, apruebe todos los proyectos de un Gobierno a libro cerrado y desactive cualquier iniciativa legislativa que no emane del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, no existe plena democracia si no funcionan los partidos políticos, que no son espacios de adoctrinamiento, sino de militancia, formación política y debate.
Hoy, en la Argentina, los partidos políticos son sellos de goma.
La movilización puede ser interpretada de muchas maneras y los dirigentes, en público, lo harán de acuerdo a su conveniencia. Es aberrante, en este punto, la propuesta de Elisa Carrió de impedir que esta semana sesione el Congreso para sancionar la reforma judicial. De nada vale el oportunismo.
Para evitar que un árbol nos tape el bosque hay que reconocer que lo que está en crisis es una cultura política, una práctica del ejercicio del poder que va mucho más allá del actual gobierno y que nos remonta a la adhesión misma de la ciudadanía al sistema representativo, republicano y federal.
Ningún dirigente argentino se encuentra hoy en condiciones de capitalizar ese descontento.
En los grandes foros del espacio público, incluidos los medios, ha quedado excluida la idea de proyecto político a largo plazo. Por “proyecto político” se entiende la propuesta de país para el futuro, con plazos y objetivos.
Toda la dirigencia prefiere mirar hacia atrás y debatir con categorías del pasado.
La Argentina sufrió dos colapsos en los últimos 25 años: la hiperinflación de 1989, que liquidó el proyecto de alternancia política entre una UCR socialdemócrata y un PJ social cristiano, y la hiperrecesión de 2001, que arrasó con las ilusiones neoliberales.
La recuperación de la gobernabilidad y el restablecimiento de la autoridad presidencial son méritos del kirchnerismo. Sin embargo, no alcanzaron para resolver problemas estructurales, de origen social y económico, pero subordinados al funcionamiento de la política.
Nada indica hoy que la economía se encamine a un colapso, pero hay emergencias que no deben desatenderse.
Ningún gobierno debería dormirse en los laureles.
Los éxitos no habilitan a nadie a forzar la ley, la división de poderes y el sistema institucional. Si esto ocurre, como ocurrió habitualmente en nuestra historia política, es porque falta una reflexión profunda y sincera sobre lo que realmente significa la democracia, que no es solamente ausencia de una dictadura, sino una cultura plural y tolerante, donde la voluntad ciudadana es el bien común y no la voluntad de las mayorías circunstanciales.