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La sequía en el norte del país es devastadora y está provocando daños catastróficos en el campo de nuestra provincia.
Una vez más, el rigor del clima desnuda los gravísimos errores de los gobiernos que siguen pensando a la actividad rural como mera fuente de divisas, sin medir su valor agregado y su impacto social.
El campo es la fuente genuina de empleo productivo más importante de la Argentina y de Salta en particular. Ahora queda en claro que los agricultores encuentran en el Estado un socio que se lleva el grueso de la ganancia y desaparece a la hora de las pérdidas.
Esta sequía, la peor en setenta años, afectó el desarrollo de los cultivos y no permitió completar la siembra. De la superficie implantada, gran parte se perdió por completo mientras que el resto vio seriamente afectado su rendimiento. En muchos casos es tan magro que ni siquiera vale la pena cosechar lo poco que queda.
La falta de agua castiga a la soja, al maíz, al poroto, y a todos los cultivos pero, fundamentalmente, está generando una crisis social cuyas consecuencias son imprevisibles. Agronoa estima que la pérdida de las cosechas de poroto va a generar 15 mil desempleados.
Sin embargo, ante un fenómeno de semejante gravedad, el Estado da respuestas insuficientes. Queda la impresión de que el Gobierno salteño no alcanza a medir la magnitud del desastre.
Es urgente que se declare, a nivel nacional, la emergencia agropecuaria en todas las provincias castigadas por la sequía. De ese modo, el productor no entraría en mora impositiva, ya que le sería imposible cumplir con las obligaciones tributarias en el actual cuadro de situación.
La pérdida de dos cosechas consecutivas deja a los agricultores endeudados con los compradores que pagaron el grano con anticipación.
El Gobierno provincial anunció que habrá créditos con tasas subsidiadas para los damnificados. La propuesta se limita al banco Macro. Es extraño, ¿por qué no brindar préstamos de emergencia a través del banco que utiliza cada agricultor y evitarle así a este la obligación de hacerse cliente de uno que le imponen?
Por otra parte, 200 millones de pesos es una cifra ínfima frente a semejante caída de los ingresos, y totalmente insuficiente. Cada productor podrá aspirar, como mucho, a quinientos mil pesos; poco para la envergadura de la actividad que es necesario recuperar.
Lo previsible es que habrá muy poca plata y para muy pocos.
Por otra parte, la administración provincial aportará 20 millones de pesos para subsidiar tasas. Para el productor en problemas, esa “ayuda” no soluciona nada. Lo importante son los montos del préstamo, la rapidez y los plazos.
Los anuncios no informan si el Gobierno provincial será el garante de aquellos agricultores chicos que se quedaron sin nada y carecen de patrimonio para avalar el préstamo. Es decir, si las autoridades están dispuestas o no a salvarlos de la quiebra.
La sequía debe asumirse como una cuestión de Estado. Es mucho el dinero que deja de ingresar por las cosechas frustradas. Mientras que los organismos oficiales calculaban en abril las pérdidas en 2.300 millones de pesos, los productores ya la elevaban a 3.300 millones. Sin embargo, al prolongarse la sequía, se empieza a estimar que dejarán de entrar a Salta por lo menos 4.300 millones de pesos. Se trata de mucho dinero que, gracias al campo, se vuelca en el comercio local, en la contratación de servicios y en inversiones de diversa naturaleza. Es decir, genera un efecto multiplicador decisivo.
Antes de la sequía, las políticas proactivas para el desarrollo rural brillaron por su ausencia. Tras la catástrofe, las soluciones que se proponen son mezquinas en su monto y burocráticamente lentas en su ejecución. La sequía no admite relatos fantásticos ni promesas etéreas sino conciencia responsable y, de inmediato, políticas de Estado.
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