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Esta tarde, la sesión del Senado de la Nación se quedó, sorpresivamente, sin quórum ante la negativa del oficialismo a postergar el tratamiento del pliego de designación de la ex ministra de Defensa y de Seguridad de la Nación, Nilda Garre, propuesta por el gobierno nacional como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La sesión cayó, luego de que senadores de la UCR lanzaran serias acusaciones contra la ex funcionaria.
Minutos antes, los senadores salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero habían anticipado su firme rechazo a la designación de la ex funcionaria que “se negó sistemáticamente a recibirnos para abordar la problemática de la inseguridad y el avance del narcotráfico en la frontera salteña. Desde octubre del año pasado le pedimos en reiteradas oportunidades que nos concediera una reunión y hasta ahora no tuvimos respuesta”, explicaron.
Durante su intervención el senador Juan Carlos Romero expresó que “el gobierno quiere premiar a alguien que demostró mala praxis en materia de seguridad. Sabemos si que realizó un curso de chavismo los años que ocupó la embajada argentina en Venezuela, que es justamente uno de los países más inseguros de Latinoamérica. Eso le sirvió de experiencia para no hacer nada en nuestro país, donde la inseguridad crece a pasos agigantados. En el norte lo comprobamos a diario”.
Asimismo, el parlamentario reclamó la falta de voluntad y de interés de la ex ministra en resolver el problema de inseguridad y avance del narcotráfico en la frontera. En tal sentido explicó que “desde octubre de 2012 pedimos reiteradas veces –junto con la senadora Escudero- que nos reciba para analizar la situación, pero no tuvimos éxito. Ahora estamos insistiendo con el pedido de audiencia con el flamante Ministro Purichelli, para ver cómo se resuelve esta problemática que requiere del esfuerzo conjunto de la Nación, pero también de las autoridades provinciales y municipales”.
El senador Romero advirtió que “en estos últimos años el gobierno nacional destinó 6000 gendarmes al conurbano para combatir el delito, lo que significó el abandono del norte de nuestro país. Por su parte el juez federal de Orán Raúl Reynoso ha pedido 1000 gendarmes más para reforzar la seguridad en la zona. También, fuimos testigos del traslado de la gendarmería en el departamento San Martín (desde Salvador Mazza a Aguaray) dejando una amplia franja que es tierra de nadie. Las consecuencias están a la vista: la criminalidad creció en la provincia. En lo que va del año se produjeron 37 crímenes, algunos con claro sello mafioso; además prolifera el canje de vehículos de alta gama por drogas y se multiplica la presencia de extranjeros en la frontera -en su mayoría provenientes de Colombia- y hasta el propio jefe de Policía en Salta dice que no puede hacer nada porque son refugiados”.
“De ninguna manera podemos premiar la negación, la desidia, y la ineficiencia en la gestión”, sentenció el senador y recordó, por último, que envió una nota a la Presidenta de la Nación para trabajar en la coordinación de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para frenar la violencia e inseguridad que padecen los salteños”.
La opinión de Sonia Escudero
“Resulta incomprensible la actitud del bloque K de negarse a postergar este tema, ante un pedido razonable de tener más tiempo para analizar la nueva información surgida en relación con la ex ministra. La designación de embajadores debiera surgir del consenso y no por imposición del oficialismo. Se quiere premiar a una persona cuya gestión en materia de seguridad fue desastrosa, que ahora está siendo acusada de cobrar indebidamente sueldos y comisiones como titular de un registro de propiedad del automotor. No se puede designar a una persona que está siendo seriamente cuestionada, sin antes aclarar cómo fueron las cosas”, explicó la senadora Escudero.
“Es un capricho más del oficialismo que evitó que pudieran tratarse temas importantes como es el proyecto para indemnizar a los presos políticos durante la dictadura, una ley para proteger a los trasplantados y una nueva prórroga de la ley que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y que dispone la realización de un relevamiento de las tierras indígenas”, agregó la legisladora.