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La inseguridad y la droga son los dos grandes problemas que se plantean en cada barrio de Salta. El aumento de la criminalidad en la provincia es evidente y constante.
Los gravísimos enfrentamientos entre bagayeros y gendarmes ocurridos en Orán las últimas semanas, que incluyeron la muerte de un manifestante, son el síntoma de problemas muy profundos que deben ser encarados con grandeza y amor por la provincia.
Detrás de esa violencia está el narcotráfico, aunque los protagonistas sean el eslabón más frágil de esa cadena, los bagayeros, que son trabajadores informales, y los gendarmes de tropa.
Orán vive una profunda crisis de inseguridad, con un Estado provincial desbordado por problemas que no puede controlar, pero también como consecuencia de una profunda crisis política en el frente gobernante de esa ciudad y por la ausencia de un proyecto productivo serio para el norte salteño.
Hay que tomar el toro por las astas y admitir que la provincia va por mal camino. El ingreso de Salta se ha sextuplicado en los últimos seis años y, sin embargo, la provincia sigue al frente en materia de desempleo y pobreza, está paralizado el desarrollo rural, como consecuencia de políticas erráticas y es notoria la ausencia de obras de infraestructura pensadas con objetivos de largo plazo.
Lo que sucede en Orán se repite de diversas formas en todas las ciudades salteñas. Las sangrientas peleas entre patotas, con su saldo nefasto de vidas jóvenes, tienen vínculo directo con las adicciones. Basta leer la página oficial de nuestra policía para percibir que hay en Salta un incremento del delito.
El Gobierno asegura haber hecho enormes esfuerzos en materia de seguridad, pero no son verificables.
Un controvertido proyecto, de dudoso trámite, prometió invertir cincuenta millones de dólares para instalar más de un millar de cámaras de seguridad. Todavía está en aprontes.
Hace dos años, la inseguridad salteña cobró triste notoriedad en el país con el asesinato de las dos universitarias francesas en San Lorenzo, víctimas de una gavilla que venía cometiendo robos y violaciones contra turistas desde por lo menos un año y medio antes. Meses después, una docena de turistas fueron víctimas de ladrones y abusadores en distintos lugares. Fueron crímenes que de haber mediado una política inteligente y previsora podrían haberse evitado.
Pero los hechos que marcan el verdadero crecimiento de la criminalidad en Salta, y con mayor proyección, se vinculan con la narcocriminalidad.
Las fronteras de Aguas Blancas y Salvador Mazza se convirtieron en cotos del crimen organizado. La guerra entre carteles de la droga produjo una docena de crímenes mafiosos en esas áreas. Hace pocas semanas, además, un crimen mafioso y la aparición de un auto con marihuana indicaron que La Caldera forma parte de una nueva ruta de la droga.
Gran parte de esa droga pasa de largo hacia otros mercados, pero mucha queda en nuestra provincia y avanza entre los sectores más desguarnecidos. Es dramático el reclamo de los padres de familia y de las comunidades aborígenes frente al flagelo.
El Gobierno provincial nada hizo para evitar que la Gendarmería fuera retirada de Salvador Mazza en momentos en que Bolivia incrementa en un 20% su producción de cocaína y se comprueba el traslado de los carteles de la droga desde Colombia a nuestra región.
La promesa de los radares para detectar vuelos clandestinos nunca se cumplió. Hay solo uno, y no presta ningún servicio.
Entre tanto, el juez federal Raúl Reynoso, de Orán, quien fuera el primero en rebautizar a Salvador Mazza como “Salvador Juárez” volvió a solicitar 300 gendarmes más solo para Orán, un penal y la habilitación de un nuevo juzgado federal, ya creado por ley pero nunca materializado, en Tartagal.
A despecho de la retórica oficial, la droga avanza a pasos agigantados y requiere medidas que vayan más allá de los discursos de barricada, a los que recurrió el Gobierno durante la última semana y que
solo sirven para enrarecer aún más el clima de Salta.