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La Corte Suprema de Justicia deberá definir sobre la constitucionalidad o no de la ley de medios cuando pase la feria, que arranca el lunes y se extenderá por dos semanas. El tribunal entra a escena ya que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció ayer a favor de la constitucionalidad de la norma y pidió que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que la había invalidado parcialmente.
Mediante un dictamen presentado ante la Corte, Gils Carbó consideró que la ley fue aprobada en el Congreso en octubre de 2009 tras un “debate amplio y participativo” y destacó que la concentración de licencias “pone en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales”. Los principales artículos fueron objetados por el Grupo Clarín.
La funcionaria aseguró que la ley 26.522 “procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación audiovisual con el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Recordó que se propuso desde su origen como “un instrumento fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
El dictamen afirma que la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró inconstitucionales partes de los artículos 45 y 48, destinados a regular el régimen de multiplicidad de licencias, es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas.
“Los jueces han incumplido su misión de dar pleno efecto a las normas sin sustituir al legislador, al juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones que adoptó en el ejercicio de sus facultades”, argumentó y sostuvo que la Cámara asigna a la libertad de expresión un contenido decimonónico que se limita a prohibir la intervención del Estado en la esfera privada del individuo y relega la contracara de ese derecho.