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Si existe un área del Gobierno que goza de amplio consenso político, incluso hasta por partidos de la oposición, esa es la de los derechos humanos, pero lo que está en debate no es lo ocurrido hasta ahora sino una designación que va en contra de esa política de verdad y justicia.
Por más que algún vivo intente ligar las sospechas contra Milani con la campaña electoral, picardía que seguramente tiene su parte de certeza, eso no borra en absoluto la gravedad de las denuncias contra el jefe del Ejército. Cristina no dijo ayer una sola palabra sobre eso, e ideologizó lo que debería ser un simple acto de sentido común: si la más alta autoridad de la fuerza está sospechada y la credibilidad de toda la institución queda resentida, ¿para qué sostener esa situación?
No le conviene al Ejército, no le conviene al Gobierno y no le conviene a los militantes por los derechos humanos. El Tribuno habló ayer con tres altos referentes de esas organizaciones, hoy muy ligadas al oficialismo, y la incomodidad de todos ellos se notaba al instante.
A esta altura, la ratificación de Milani parece tener una sola explicación: el no dar un paso atrás ante la opinión pública a tres semanas de las elecciones.