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El dirigente judicial explicó que con la nueva ley “vamos a tratar con delitos de características especiales”.
El proyecto para que la Provincia se haga cargo de las causas por microtráfico de estupefacientes, que antes era jurisdicción de la Justicia Federal, reavivó una serie de reclamos en la Justicia local.
Mientras en la Legislatura avanza el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 23.737, fue aprobado en Diputados y pasó al Senado, los empleados judiciales advirtieron que para que la nueva ley se pueda aplicar es fundamental que se concreten una serie de factores y necesidad, algunas nuevas y otras de vieja data.
Oscar Lafuente, secretario general de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, señaló a El Tribuno que “lo que nosotros planteamos es principalmente las condiciones de trabajo, sobre las cuales tendrá que haber definiciones. Esta incorporación de causas es casi como un nuevo fuero y para ello necesitamos poder cubrir los servicios elementales de la Justicia, que está sobrepasada de causas”.
“Estamos de acuerdo en que la Provincia tome medidas para trabajar en este tipo de causas, pero no sin la infraestructura, capacitación de personal y condiciones de trabajo adecuadas para ello. No se debe olvidar, por ejemplo, que en el Ministerio Público aún hay contratados y creemos que es propicio que ahora pasen a planta permanente”, advirtió Lafuente. El dirigente judicial explicó que con la nueva ley “vamos a tratar con delitos de características especiales y por ello necesitamos que se aclaren algunas cuestiones. En primer lugar, la Constitución Nacional indica la igual remuneración por igual tarea y los salarios de los trabajadores de la Justicia Federal están un 40% por encima de los de los provinciales. Si nosotros vamos a hacer el trabajo que hacía la Justicia Federal, debemos cobrar lo mismo”.
Por otra parte, Lafuente destacó la precarización laboral que existe en el Ministerio Público, a cargo de Pablo López Viñals. “Se mantiene la situación irregular de los contratados y nosotros estamos planteando que, aprovechando esta nueva apertura a nuevas funciones se los podría blanquear, pero para eso se requiere voluntad política”. El secretario de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público aclaró que “los fondos para la puesta en funcionamiento de estas nuevas actividades en la Justicia local saldrán de Nación, así lo establece el texto de la ley”. “Estas nuevas tareas en el ámbito de la Justicia provincial se empezarían a dar recién el año que viene, pero sería importante que entre la promulgación y la entrada en vigencia de la ley se puedan ir planteando las necesidades y generando soluciones”, manifestó Lafuente.
Equiparar sueldos y status
La defensora oficial del Ministerio Público, Natalia Buira coincidió con Lafuente en que se deben equiparar los sueldos y el status de los empleados judiciales de la Provincia con los de Nación. “En la Justicia Federal no hay empleados contratados sino permanentes, con lo cual no solo es distinta la remuneración sino también el status que tienen los federales con la provincia”, dijo. Manifestó que “si bien no hay contratados en el Poder Judicial Provincial, sí los hay en el Ministerio Público, el cual sí o sí deberá intervenir tanto en la parte de acusación como en la parte de defensa de las causas”.
“Además al pasar esas causas del fuero federal al provincial también va a haber una discriminación a magistrados y funcionarios, porque jueces, fiscales y defensores ganamos muy por debajo”, expli có Buira.