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Los directores del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) no sólo tienen negocios incompatibles y las remuneraciones más altas de la Provincia, sino que cobran, además, sobresueldos en negro.
“Cartón lleno”, dirían en los bingos que Sergio Mendoza (presidente), Gerardo Posadas (vice) y Antonio Restom (el tercer director del Ente) están obligados a controlar junto a los casinos, salas de tragamonedas y juegos de lotería.
Cada mes, desde la cuenta corriente del Enreja en el Banco Macro, se extraen $54.500 con los que se engrosan los sueldos de los directores, funcionarios de la segunda línea y colaboradores más cercanos.
Hasta abril las extracciones de la cuenta corriente 310000080000817, en la casa central del Macro, se hacían con cheques. Desde mayo se depositan directamente en las cuentas sueldo, sin figurar en los recibos.
El reparto, según el esquema que espera ser investigado por la Justicia y la AFIP, sería así: $9.500 para cada uno de los tres directores; $6.000 para Federico Saravia Silvester (coordinador jurídico) y Silvina Cainelli (coordinadora contable); $2.000 para Miguel Isola, Silvina Olano, Francisco Ortiz, Silvia Arias, María Courel y Pablo Vargas, y $1.000 para Silvia Paviolo y Fernando Bernabó.
Este sistema, según pudo saberse, comenzó a imperar para los directores desde 2008 y con el tiempo se extendió a otros funcionarios y agentes cercanos a ellos.
Con los sobresueldos los directores transgreden el tope salarial de la Provincia (de $20.000) y todos evitan tributar lo que deben por el Impuesto a las Ganancias
Sin control
Hasta hace poco tiempo el dinero para los pagos en negro se retiraba, cada fin de mes, con dos cheques que totalizaban siempre $54.500. De esta forma se evitaban las medidas de control dispuestas por el Banco Central contra el lavado de dinero. Una de ellas, como se recordará, impide a los bancos pagar cheques por más de $50.000 por ventanilla.
Las órdenes de pago eran firmadas por las autoridades del Enreja bajo el concepto de “responsabilidad en el cargo”. El mencionado item se liquida en los recibos de sueldo de los tres directores, en vista de que deben desempeñar sus funciones con dedicación exclusiva. Sus cargos, en efecto, tienen equivalencia con el de los jueces y se rigen por las mismas inhabilidades e incompetencias. Así lo establece el artículo 35 del marco regulador de los juegos de azar.
Mas allá de los artilugios usados, llama la atención que los sobresueldos hayan operado por tanto tiempo sin ser advertidos por órganos de control como la Auditoría y la Sindicatura General de la Provincia.
También es llamativo que la conducción del Enreja se haya mantenido inmutable desde enero de 2008, mientras que en otros organismos análogos, como el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) o la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), hubo tres y hasta cuatro cambios de autoridades.
Es de esperar que los hechos denunciados en el Enreja muevan desde el Ministerio Público actuaciones tendientes a aclararlos en la Justicia. El Ejecutivo debería también evitar represalias contra agentes y exagentes del Enreja donde, sabemos, muchos trabajan con temor y bajo un clima laboral hostil. Tras las publicaciones que sacó El Tribuno sobre los cuestionables manejos del organismo, sus autoridades mandaron a instalar cámaras de vigilancia en todas sus dependencias para controlar al personal y a terceros. Ojalá pusieran el mismo celo para controlar, a tiempo completo y con verdadera responsabilidad en sus cargos, los siderales movimientos del juego en Salta.
Dos con negocios incompatibles
El presidente del Enreja, Sergio Gustavo Mendoza García, omitió declarar ante la Escribanía de Gobierno una empresa agropecuaria (S.A.N. SRL) en la que tiene el 96% de las acciones.
En su declaración jurada, al 2 de junio último, tampoco había informado cuentas bancarias, camionetas ni otros bienes muebles e inmuebles. Sus negocios empresarios, no obstante, son bien conocidos en el Enreja, organismo al que rara vez dedicó más de tres días a la semana, pese a su obligación de desempeñarse allí con dedicación exclusiva.
En el Ministerio Público duerme una denuncia penal que los abogados Carlos Saravia y Carlos Morello presentaron el 25 de junio por presuntos negocios incompatibles, falseamiento de declaraciones juradas e incumplimientos de deberes.
Esa denuncia también comprende al vice del Enreja, Gerardo Posadas, quien es socio del diputado nacional Fernando Yarade en la Consultora Pluss y auditor de Inversora Juramento SA, la empresa agropecuaria de Jorge Brito (Macro). Constancias documentales de la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de Valores, no dejan dudas sobre los negocios incompatibles de Posadas.
Aun así, presidente y vice del Enreja siguen firmes en sus cargos y el gobernador Juan Manuel Urtubey manifestó que allí continuarán mientras la Justicia no diga lo contrario. En la denuncia, Saravia y Morello aludieron a una estrecha vinculación de Mendoza con uno de los hermanos del gobernador, Facundo Urtubey, una relación que dentro del Enreja también dejó ser un secreto a voces.