El crimen de Angeles Rawson y la sospechas de que había sido víctima de un violador fue el último empujón que necesitó el proyecto de ley de registro de ADN de violadores. La propuesta estuvo durante tres años dormida en los cajones de la Cámara de Diputados de la Nación.
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El crimen de Angeles Rawson y la sospechas de que había sido víctima de un violador fue el último empujón que necesitó el proyecto de ley de registro de ADN de violadores. La propuesta estuvo durante tres años dormida en los cajones de la Cámara de Diputados de la Nación.
Incluso debió ser votada en dos oportunidades por los senadores de la Nación luego de haber perdido estado parlamentario. Demorada pero esperada por los cientos de familiares y víctimas de abuso sexual, la norma es un paso adelante sin duda en la investigación y resolución de los casos de violación.
Sin embargo, aseguran que la lucha sigue y que todavía falta mucho por hacer en cuanto a la legislación para penalizar estos abusos.
El proyecto llevó la firma de la senadora por Salta Sonia Escudero, detrás de ella estuvieron las ONG que se encargan de atender y representar a las víctimas de este delito contra la integridad física.
Una de estas organizaciones fue Madres del Dolor. Isabel Yaconis es una de estas madres del dolor. Su hija, una adolescente que volvía de la casa de un familiar, fue asesinada a ocho cuadras de su domicilio. Lucila se resistió a una violación y murió por eso. Nunca se pudo localizar al asesino. Desde 2003, la vida de Isabel Yaconis nunca volvió a ser la misma.
La pérdida de su hija la llevó a buscar justicia. Allí descubrió el mundo de las leyes y de la falta de ellas, y descubrió que incluso no existe en el país un registro de casos, no hay estadísticas, no hay datos certeros de los abusadores y que, tristemente, el 80 por ciento de los abusos se producen en el seno de la familia.
La aprobación de la ley de registro de ADN fue una bocanada de aire para esta mujer que no baja los brazos. En diálogo con El Tribuno, Yaconis afirmó que se siente muy satisfecha por la medida tomada el pasado miércoles por los diputados de la Nación. “No puedo creer que esto se haya materializado. Valió la pena tanto esfuerzo y paciencia”, dijo.
El paso siguiente con la nueva ley en mano es buscar su reglamentación. “Esta lucha irá de la mano con el pedido de la reglamentación de la ley de trata. Esta norma ya fue aprobada hace 7 meses, pero sin reglamentación no se puede aplicar”, explicó Yaconis, muy al tanto de lo que ocurre en el sistema legal argentino.
“Vamos a ver cómo se empuja esto ahora, ver qué modificaciones se le hacen. Sabemos que siempre, por alguna razón, alguien agrega o quita algo. Para nosotros, son importante las cosas que sean beneficiosas. A nosotras nos gustaría que el banco comience a funcionar una vez que el violador tiene condena”, explica.
Y agregó preocupada: “Si esperamos la sentencia firme pueden pasar cuatro años y esa demora perjudica a las víctimas”.
Por otro lado, Yaconis destacó que un gran avance es que se reconozca la existencia de cinco laboratorios ya preparados para empezar a trabajar con la nueva ley.
“Tienen toda la tecnología para comenzar con el registro de ADN, y esto quiere decir que no estamos tan atrás como hace años”, reflexionó.
La miembro de Madres del Dolor aclaró que la esta ley se aplicará para los delitos que ocurran luego de su aprobación. Por tal motivo, no se incluirán en el registro los ADN de casos de violación previos a la norma.
Con respecto a las estadísticas de casos de violación que se registran en el país, Yaconis advirtió que “no hay números”. Desde Madres del Dolor solo llevan adelante una relevamiento de las casos que se dan en la provincia de Buenos Aires y que recurren a esta ONG.
Sin embargo, un dato importante para tener en cuenta es que El 90 por ciento de estos casos registrado son producidos por reincidentes.
Otra de las organizaciones que apoyó y no dejó de impulsar la ahora ley es Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi). Comenzó a funcionar El 24 de junio de 2003, un día después de que un tribunal de San Isidro condenara a 28 años de cárcel -más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado- a Javier Emilio Posadas. En 2001, este hombre había violado a Candela González de 26 años y a otras tantas mujeres. María Elena Leuzzi, madre de Candela, fue quien llevó adelante la lucha y organizó una representación para las víctimas de violación.
“Tratamos de que todas las chicas violadas hagan las denuncias porque es la única forma de detener y luego condenar a un violador”, dijo María Elena Leuzzi.
Lo que se hizo y lo que falta
Desde el sitio en la web de Aavivi, María Elena ya reclamaba desde 2003 la creación de un registro de ADN de violadores, además de la creación de fiscalías especializadas en delitos sexuales y cárceles sólo para violadores.
“El registro de datos genéticos de violadores y condenados por delitos sexuales es una herramienta que ya utilizan muchos países en el mundo para ayudar en la investigación de este tipo de casos que tienen un altísimo nivel de reincidencia. Con este registro, se podrá hacer un seguimiento de estos abusadores, y se podrá lograr un rápido esclarecimiento de hechos repudiables como el de Judith Palma, la nena violada y asesinada en la localidad salteña Joaquín V González. “Lo que buscamos es evitar que estos delitos queden impunes y sus responsables libres”, explicó Escudero.
Como impulsora de la ley, Escudero conoce como nadie cómo será su aplicación.
“Los abusos sexuales ocurren generalmente sin testigos, por lo que las pruebas genéticas son de vital importancia para llegar a la verdad. El registro de datos genéticos funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, y almacenará datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme y también con información biológica recogida en la escena del crimen o de la víctima del delito”, añadió la parlamentaria.
Sin embargo, su acceso será restringido: solamente podrán acceder fiscales y jueces de todo el país.