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En junio de este año y en medio de un manto de sospechas de irregularidades, renunciaba a su cargo al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, Fernando Alesanco y el organismo era intervenido por el Ejecutivo, designando al entonces diputado Matías Posadas para llevar a cabo la gestión.
Entre las primeras medidas que tomó el líder del Frente Plural fue dar paso a la Auditoría General de la Provincia para verificar si hubo o no delitos en la gestión anterior y recién desde allí girar los casos a la Justicia, en el caso de que estos se confirmen. Sin embargo, la auditoría demora el informe final a pesar de que trabajan allí diariamente entre cuatro y cinco auditores.
Así lo confirmó Matías Posadas a El Tribuno considerando que "son los tiempos de cualquier auditoría" ya que "hay muchas obras y muchos procesos por revisar". "Yo prefiero que sean trabajos serios y productivos y no dejarnos llevar solo por una coyuntura", enfatizó y calculó que el informe borrador podría estar para "noviembre o diciembre".
"Son los tiempos de cualquier auditoría"
A la entrega del informe borrador le sigue la devolución con observaciones que puedan hacerse desde el IPV y recién desde allí se elabora el informe definitivo, por lo que este podría estar sobre el final del año o recién para 2015. De ahí que todavía no puedan esperarse modificaciones de fondo en el organismo.
"La Auditoría de la Provincia nos va a marcar los puntos fuertes a cambiar y es un elemento que nos ayudará a mejorar hacia adelante", consideró Posadas que de todas maneras hizo un balance positivo de lo hasta ahora hecho.
Entre los cambio puntuales que destacó enumeró el cambio en la metodología de trabajo, la apertura del organismo, el avance en los procesos de desadjudicación de viviendas con irregularidades y los llamados a licitación para nuevas obras.
La intervención podrá tener un plazo de hasta seis meses, prorrogable por otros tres.
Así la situación, es probable que hasta que se entregue la devolución final del informe de la Auditoría se cumpla el plazo de seis meses de intervención que fija la ley número 5348 de Procedimientos Administrativo para la provincia de Salta.
De todas maneras, la misma ley admite que este tiempo se prorrogue por tres meses o puede incluso llegar más lejos dado que, "si vencido el plazo no hubiera ninguna de las autoridades superiores de la entidad que pueda asumir la dirección, el interventor podría continuar en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se resuelva en definitiva la integración de las referidas autoridades".
El CES todavía tampoco hizo una devolución completa
Otra devolución que sigue demorada es la del Consejo Económico Social (CES) a donde el interventor Posadas había acercado las propuestas de modificación relacionadas a los requisitos en la inscripción y al control de las viviendas adjudicadas y preadjudicadas.
"Todavía mantenemos reuniones periódicas y ellos siguen dictaminando sobre lo que le hemos acercado. Son los tiempos normales...", informó Posadas.
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