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El abogado de Juan Carlos Romero, Oscar Pedro Guillén, presentará hoy una recusación con causa contra el juez de Instrucción de Transición de Tercera Nominación, José María Alvarado Solá, y otros recursos procesales, por considerar que la citación a declaración indagatoria en el caso conocido periodísticamente como La Ciénaga está viciada de parcialidad. El texto de Guillen invoca jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Todo juez sobre el cual (puede haber) dudas de su imparcialidad debe abstenerse ... Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos de una sociedad democrática”. El Tribunal se pronunció así en el caso Piersack, y ha encontrado recepción en el sistema interamericano.
Guillén denuncia graves agresiones a los derechos fundamentales de Romero y manifiesta la decisión del senador de presentarse a colaborar con la Justicia en tanto “esta cumpla requerimientos mínimos en materia de garantías constitucionales”. El texto describe el tenor político de la acusación contra Romero, el acoso puesto en práctica por los medios controlados por el gobernador Juan Manuel Urtubey y señala inequidades en el tratamiento de las 14 personas que figuran en el expediente según se encuentren hoy alineadas o no con el Gobierno. Además, hace reserva de recurrir ante Corte Suprema de Justicia de la Nación y al sistema interamericano de Derechos Humanos.
Guillén cuestiona la imparcialidad del juez Alvarado Solá señalando que no se le suministraron copias de documentación imprescindibles para “ejercer el ministerio defensivo que me ha sido confiado”. Sostiene que ese proceder “obstaculiza y bloquea completamente la posibilidad de una defensa material efectiva en la indagatoria”.
El letrado considera “del todo inaceptable que se cite a indagatoria a quien la acción fiscal sindica (con manifiesta arbitrariedad) como autor mediato evitando idéntico llamamiento para quienes -en el fallido esquema fiscal- serían los autores inmediatos”. Sería como indagar a un supuesto instigador de un homicidio sin que se demuestre que el homicidio ocurrió. Esta referencia pone de relieve que un grupo de funcionarios que actualmente trabajan en el gobierno de Urtubey aparecen en la descripción de la fiscal como autores directos de un supuesto ilícito -que se rechaza de plano- no son citados en la causa donde se presenta a Romero como autor indirecto.
Guillén considera que el juez, “determinado por el inusual acoso periodístico desatado sobre mi representado ha decidido indagarlo sin postular un llamamiento a quienes podrían ser hipotéticamente los autores materiales e inmediatos”. El letrado va más lejos y considera que “esta falta de coherencia muestra la finalidad de la indagatoria que no es más que conseguir una fotografía para ser utilizada en la campaña proselitista del gobierno”. Guillén acompaña el escrito con numerosos ejemplares del Nuevo Diario en el que “el apellido Romero aparece en titulares siempre ligado a frases injuriosas”. El abogado denuncia “un ataque detenidamente planificado y sistemáticamente ejecutado... para la construcción de una atmósfera en la que mi defendido ya ha sido condenado por los medios afines al gobierno de Salta ... nada ha sido espontáneo, sino determinado por urgencias partidarias de la actual administración”. “Es el gobierno de Salta -encabezado por el gobernador Urtubey- quien ha determinado la decisión del juez respecto del llamamiento a indagatoria”, denuncia el letrado. “Todo se reduce a denostar a una sola persona: Juan Carlos Romero; por tanto, el Sr. Juez ha llamado a indagatoria a una sola persona: Juan Carlos Romero”.