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Los hechos dicen más que las palabras. Son contundentes. El gobernador Juan Manuel Urtubey ratificó en el discurso sus aprensiones hacia lo que publica El Tribuno, pero apenas leyó el diario del lunes despidió a Fernando Alesanco e intervino el Instituto Provincial de la Vivienda.
Las denuncias no lo involucran directamente, pero Urtubey no puede permitir que un área crítica como la de viviendas contribuya a deteriorar su gobierno.
No caben muchas dudas acerca de que la gestión de Alesanco movilizó muchos dineros públicos sin mayores reparos por las normativas vigentes y los sistemas de control.
La “emergencia” es el argumento que se utiliza siempre para obviar trámites, aumentar los costos y evitar las licitaciones. No pasa en Salta solamente; es la historia del mundo.
La generación sub 45 tiene rasgos culturales propios. En política, la visión dominante es que no importa lo que se haga sino lo que se diga. Renunciaron a las ideologías y los proyectos y se aferran al “relato”. En los últimos meses, especialmente a partir de los escándalos de Lomas de Medeiros y del barrio Miraflores, Alesanco ordenó publicar todos los días partes de prensa que anunciaban inauguraciones de casas en diversos puntos de la provincia. Si se tomaran en cuenta esas informaciones, podría suponerse que Salta vive un "boom" urbanístico. Pero no es así. En realidad, este gobierno no mostró nunca un plan habitacional, salvo el de asistencia precaria a las familias asentadas en lotes públicos o privados. El relato tiende a identificar “vivienda” con “soluciones habitacionales”.
Lomas de Medeiros, Miraflores, los funcionarios que se beneficiaron con Procrear y ahora las adjudicaciones de obras en el IPV permiten sospechar que las soluciones son para unos pocos.
Es lo mismo que ocurre con las escuelas. Si se hubiera cumplido la expectativa de inaugurar una escuela por mes, ya sumarían 78 edificios nuevos. No están. En cambio, se anuncian como escuelas, incluso en la página oficial de la gobernación, aulas de Jardín de infantes, muy dignas, pero que no son escuelas.
La vivienda es un talón de Aquiles, en una provincia donde el déficit habitacional se estima en no menos de treinta mil viviendas.
El interventor del IPV es Matías Posadas. Una intervención es un hecho excepcional y la tarea de Posadas puede ser la de acomodar los papeles que heredó de Alesanco, ya sea para que se confirme si hubo algún ilícito, o, tal vez, para que no se esclarezca nada. Por lo pronto, nada se sabe de lo que hará el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, que para hoy espera un ascenso a Fiscal de Cámara en la sesión del Senado. Siempre se muestra poco activo para investigaciones que rozan al poder. Se espera que, con el pliego en la Legislatura, permanezca más inactivo que de costumbre.
Matías Posadas, por lo pronto, deberá responder al interrogatorio que le mandaron los diputados provinciales, esta vez más inquietos que Akemeier. Con mayoría oficialista y encabezados por el disciplinado Manuel Santiago Godoy quieren saber “a quién pertenecen las constructoras FEFERMAX, Empresas HS, y la empresa ICA S.R.L”, además de sus vínculos con el IPV. Preguntan los detalles de los procedimientos, los cambios de presupuestos, los precios; si es normal que el IPV entregue u otorgue adelanto a las empresas para el inicio de las obras y cuál es la garantía. Es decir, un cuestionario elaborado leyendo El Tribuno del lunes, el martes y el miércoles. Probablemente, hoy remitan un complemento con nuevas preguntas cuando lean la presente edición.
La tarea de Posadas no será menor. No se trata solamente de investigar aparentes irregularidades cometidas por un funcionario, o varios, sino también de transmitir seguridad a grandes y conocidas empresas que, por uno u otro motivo, aparecen mencionadas dentro de una lista donde abundan las sociedades familiares sin patrimonio, estructura ni trayectoria.
Esta claro que los datos publicados por El Tribuno son fidedignos, lo que es razonable ya que están chequeados y documentados. Dentro de la cultura del relato, se supone que los diarios profesionales inventan, construyen una realidad imaginaria. Como lo creen, invierten fortunas -del Estado- en financiar diarios oficialistas para que inventen otra realidad imaginaria. El resultado está a la vista: aunque critiquen al periodismo, saben diferenciarlo de la novela.
Hace dos años, la pavimentación de la ruta 54 fue presentada como la obra máxima del Fondo de Reparación Histórica. El Tribuno anticipó que se iba a pagar el doble de lo que costaría su construcción y que el adjudicatario sería una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las empresas Ingeniero Medina, Moncho y Noroeste Construcciones. Así fue.
El periodismo profesional, cuando consulta fuentes, disminuye significativamente el margen de error.