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El pasado 6 de junio se publicó un edicto de la jueza María Vasallo que oficializó, en Buenos Aires, la apertura del concurso preventivo de la empresa Ilarent SA. La noticia toca directamente a Salta, ya que esa constructora, que emitió un centenar de cheques sin fondos en el último año, dejó abandonadas 460 viviendas sociales, a medio construir, en El Huayco y Atocha.
La vaciada firma se quedó con esas obras habitacionales a comienzos de 2013, pese a sus censurables antecedentes financieros y a los graves defectos constructivos denunciados en las casas que había edificado en Los Ceibos en 2011 y 2012.
Las contrataciones, por cerca de $120 millones, fueron resueltas por el Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT), con avales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sin licitación pública. Un “acuerdo marco” firmado por la asociación civil ligada a la UOCRA y el organismo allanó el camino para que Ilarent accediera a las obras, cobrara millonarios anticipos financieros y se esfumara, dejando un tendal de deudas incobrables y perjuicios al Estado.
El caso parece calcado al de Sueños Compartidos, aunque a diferencia del escándalo que salpicó a la Fundación de las Madres por los desmanejos de los hermanos Schoklender, muestra responsabilidades mucho más nítidas en un órgano ejecutor provincial, como es el IPV, ante la vulneración de normas y controles del Programa Federal de Construcción de Viviendas.
La empresa que entró en cesación de pagos recibió millonarios adelantos antes de abandonar las 300 viviendas que le adjudicaron en El Huayco y otras 160 en Atocha.
En marzo, 250 trabajadores de Ilarent se manifestaron, en las puertas del IPV, en reclamo de salarios retrasados. Los obreros afectados cuestionaron la inacción de la Uocra, la que para muchos se debió a que un hermano del secretario general del sindicato, Augusto Ortiz, era el capataz de las obras abandonadas.
El 3 de junio, una semana antes de que renunciara a la presidencia del IPV por irregularidades en contrataciones directas, Fernando Alesanco afirmó ante medios periodísticos que las casas de El Huayco fueron abandonadas por Ilarent con un 65% de avance en las obras. Dijo, además, que el IVT debía hacerse cargo de las urbanizaciones inconclusas.
Esas declaraciones, sin embargo, distaron de lo que hizo, en realidad, el organismo de vivienda.
En mayo, para ocultar el escándalo y evitar denuncias por malos desempeños y malversación de fondos públicos, el IPV decidió hacerse cargo de las viviendas que dejó Ilarent.
El 20 de mayo, autoridades del IVT y del IPV recorrieron las obras abandonadas en la zona norte de la ciudad. En el acta notarial que firmó la escribana Mariana Pérez Zalazar, del organismo provincial, llamativamente no se especificó el avance certificado de los trabajos.
Al día siguiente, en otra escritura similar, la misma notaria sí precisó -con un 23% de obras certificadas- el nivel de construcción alcanzado en las 160 viviendas de Atocha. A través de esa acta de recepción provisional, el IPV, como “titular de dominio del predio”, recibió los trabajos “en el estado en que se encuentran”. En el documento se advirtió que las obras ejecutadas podrían “sufrir un mayor deterioro con el transcurso del tiempo”.
Mientras que en las pocas jurisdicciones donde opera el IVT los gremios u otras entidades aportan los terrenos, en Salta lo hace la Provincia, incumpliendo normas del Programa Federal de Viviendas.
El concurso preventivo de Ilarent, entre tantos puntos oscuros, abre un inevitable interrogante ¿Cómo pudo fundirse una empresa que en Salta se quedó, sin licitaciones, con la construcción de cerca de 1.000 viviendas en los últimos años?
Las deudas de Ilarent
De acuerdo con información bancaria, desde el 13 de marzo al 27 de mayo de este año, la empresa Ilarent emitió 72 cheques sin fondos por casi 3,6 millones de pesos.
En el Juzgado Nacional 10 en lo Civil y Comercial de Buenos Aires, la constructora enfrenta una demandada del Banco Credicoop. Ninguno de estos registros, anteriores a la huida de Ilarent de Salta, parecen haber sido advertidos por los responsables del IVT ni las autoridades del IPV.
En Salta, Ilarent no solo defraudó al erario público, sino que se fue con deudas a proveedores.
Con respecto al futuro de los trabajadores afectados, el IPV solo comprometió gestiones para que los contrate una nueva contratista.
Hundimientos de terrenos, paredes húmedas, pinturas descascaradas, tanques de agua con pérdidas, puertas en mal estado son algunas de las fallas que presentan las casas que Ilarent entregó en la primera y la segunda ampliación de Los Ceibos.
Muchas de esas viviendas sociales, en el sur de la capital salteña, muestran ostensibles deterioros, a pesar de que 155 casas fueron habitadas recién en 2011 y otras 109 a fines de 2012.
El IVT, con el consentimiento del IPV, el órgano ejecutor provincial de los fondos de viviendas, obvió los pésimos antecedentes de Ilarent y le adjudicó otros proyectos urbanísticos en Salta.
Vecinos de Los Ceibos, que en los últimos meses quisieron realizar ampliaciones, se dieron con la novedad de que los planos no estaban aprobados por la Municipalidad, ni tenían catastros individualizados en la Dirección General de Inmuebles.
En una casa se la manzana 536 A, Roxana Montagna aún espera que le demarquen la línea municipal. Aunque parezca insólito, la empresa se fue sin siquiera delimitar la vereda en ese sector del barrio.
Carmen Ayala, otra vecina, contó que en octubre de 2011, ni bien recibió su casa, tuvo que rellenar enormes desniveles que presentaba el terreno en su patio. La mochila del baño con deficiencias, las paredes con humedad y los picaportes mal instalados acrecentaron sus gastos. “Era tanta la alegría de tener nuestra propia casa que no dimensionamos las pésimas condiciones de entrega”, acotó Ayala.
En la vivienda de Sergio Domínguez también hay problemas. Allí el revoque se desprende de los techos y las puertas están hinchadas, pese a que tienen menos de tres años.
Ante el sinnúmero de quejas de esos adjudicatarios, el IPV debería explicar por qué le cedieron a Ilarent otras obras que dejó abandonadas en Salta.
El IPV violó el artículo noveno del convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas que firmó con la Nación en 2005, al delegar las contrataciones al IVT y al permitir adjudicaciones a una empresa con malos antecedentes.
La citada disposición establece que los organismos provinciales son los encargados de llamar a licitación pública, aunque se habilita también a los municipios y a “entidades intermedias de reconocida trayectoria y solvencia”.
En este ultimo caso, las instituciones siempre deben aportar los terrenos. En Salta, sin embargo, el Gobierno vulneró ese requerimiento, ya que dispuso de tierras públicas para las urbanizaciones del IVT.
Otras faltas
El marco normativo exige que la contratación se decida a través de compulsas públicas de precios, con no menos de tres oferentes. Con poca transparencia y participación, por cierto, se otorgaron los proyectos de urbanización estatales a Ilarent.
Por otra parte, las autoridades del IPV, en conocimiento de la normativa del Programa Federal, sabían que no podían participar en las compulsas públicas empresas que hubieran entregado obras anteriores con atrasos superiores al 15%, o sin cumplir con los parámetros de calidad exigidos en los pliegos, “comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la durabilidad de las viviendas”. En este punto, las denuncias de vecinos de Los Ceibos eran lapidarias: Ilarent, por sus antecedentes, no podía acceder a otros proyectos con fondos públicos.
Las viviendas sociales que se construyen a través del Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT) no son sorteadas entre las familias salteñas sin techo, pese a que los fondos son federales y los terrenos aportados por el Estado provincial.
En las adjudicaciones intervienen sindicatos amigos, que se reservan la facultad de decidir a dedo la suerte de los nuevos propietarios.
En el barrio Posta de Yatasto, ubicado en el exvelódromo de la zona norte de la ciudad de Salta, hubo una entrega que se sumó a los grandes escándalos del IPV. Al exconcejal de Memoria y Movilización, Sergio Gustavo Castro, le dieron una de las 53 llaves de ese complejo habitacional. Esas casas también fueron construidas por la favorita del IVT, Ilarent.
En el Concejo Deliberante, Castro conformaba un interbloque con el Frente Plural, la agrupación política que encabeza el actual interventor del IPV, Matías Posadas.
La semana pasada, el organismo de vivienda realizó en General Güemes el sorteo de 100 viviendas. En esa localidad, otro centenar de casas que se edifican a través del IVT se otorgarán allí en forma directa a grupos familiares que serán seleccionados sin sorteo.
El Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT) es una asociación civil que construye con fondos nacionales principalmente en algunas localidades bonaerense y en Salta.
En otras provincias, como en Tucumán, Entre Ríos y Mendoza los planes de urbanización se ejecutan, por lo general, en terrenos de la Uocra o de particulares. Salta, sin embargo, los lotes son aportados, casi sin excepciones, por el Estado.
Por todas las facilidades que le concede el Gobierno provincial, María Cristina Nieto Suanno, directora ejecutiva del IVT, tiene prácticamente a la provincia como asentamiento permanente.
La intermediación del IVT, por cierto, no es gratuita. Fuentes del sector afirmaron que la entidad civil ligada a la Uocra percibe porcentajes en cada certificación de obra. Ese y otros puntos oscuros esperan ser aclarados por la Justicia.
Entre contratistas del medio local se cuestiona la legalidad del acuerdo marco que el IPV firmó con el IVT. Denuncian que en las adjudicaciones se incumplen las normas vigentes y que no se abre la cancha para que otras constructoras presenten ofertas. Hasta ahora la exclusividad recayó en Ilarent.
En las cuestionadas operatorias, el IVT intervino como una suerte de “mayorista de contratos” a la que el IPV le concedió amplios privilegios.
Con Ilarent vaciada y en cesación pagos, ¿quién responderá por los fondos que se le habían adelantado por las 460 viviendas que dejo abandonadas en el El Huaico y Atocha?
¿El IVT, la Uocra, el IPV, algún seguro o el bolsillo del Estado?