De juzgador a juzgado. En un hecho con escasísimos antecedentes, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, quedó ayer acusado de liderar una organización que se dedicaba a cobrar dinero y dádivas a detenidos por narcotráfico para liberarlos. La detención de cuatro abogados y un funcionario del juzgado de Reynoso, más una serie de allanamientos en la ciudad norteña y en Salta capital, fueron la síntesis del escándalo judicial en la frontera más caliente del país por el narcotráfico.
La jornada comenzó con un gran movimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Orán, cuyos móviles se estacionaron frente al juzgado de Reynoso, lo que al principio hizo circular todo tipo de rumores.
Pasaron apenas pocos minutos hasta que se confirmó que se trataba de un allanamiento ordenado por el juez federal de Salta, Julio Bavio, a instancias de un pedido del fiscal federal Eduardo Villalba y de la Procuración de Narcocriminalidad, cuyo titular, Diego Iglesias, está en Salta. El fiscal y la Procunar denunciaron supuestos cobros de dinero por parte de Reynoso y varios abogados a cambio de otorgar libertades a narcotraficantes, lo que habría ocurrido en al menos once causas.
La acusación formal es por haber "construido" un "aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".
En el escrito están acusados, junto a Reynoso, los abogados María Elena Esper Durán, Ramón Antonio Valor, Lucinda María Segovia, René Alberto Gómez y Arsenio Eladio Gaona. También están señalados Miguel Ángel Saavedra -mano derecha de Reynoso en el juzgado- y Diego "Carioca" Aquino (aunque no hubo pedido de detención para él).
El juez Bavio caratuló el caso como "asociación ilícita, cohecho y prevaricato".
Anoche, al cierre de esta edición, una caravana de móviles de la Policía Aeroportuaria ingresó al aeropuerto Güemes de la capital, con los tres abogados detenidos en Orán. Luego de quedar registrados, iban a ser trasladados a la cárcel federal de Güemes. Saavedra fue detenido en Salta capital y llevado, después de declarar, a ese centro penitenciario.
El abogado Gómez debió ser internado en una clínica capitalina, ya que se descompensó mientras declaraba ante efectivos de la PSA.
Junto con los detenidos, también se trajo desde Orán a Salta capital los expedientes, computadoras, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante los allanamientos en el norte.
La acusación
Para el Ministerio Público Fiscal -representado por Villalba e Iglesias- está "configurada la sospecha suficiente para considerar que el juez federal Raúl Juan Reynoso ha ocupado un rol trascendental (...) como jefe de una asociación ilícita que funcionó con epicentro en la sede del Juzgado Federal de Orán".
Para ello, se valió "del jefe de Despacho de ese tribunal, Miguel Ángel Saavedra, y los letrados particulares María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, Lucinda María Segovia y René Alberto Gómez".
En la presentación, la Procunar señala que las maniobras ilícitas de ese "aparato de poder" ocurren al menos desde el 19 de marzo de 2010.
Entre los casos en los que el magistrado y los abogados habrían cobrado dinero para liberar a un detenido por narcotráfico, figura el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de haber intentado ingresar a la Argentina casi 1.000 kilos de cocaína y miles de litros de precursores químicos. El transportista del vecino país habría pagado 350.000 dólares a cambio de su excarcelación.
Lo que sigue
La situación de Reynoso se parece a una paradoja. Está acusado de liberar a narcotraficantes a cambio de dinero o dádivas, y seguirá investigando y juzgando a narcotraficantes ya que no puede ser detenido porque tiene fueros. A pesar del gran despliegue de ayer, todo sigue igual. Solo está citado a declarar el próximo miércoles 11, a las 10, en el Juzgado de Bavio, en la ciudad de Salta.