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Efectos múltiples tiene la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de dejar de retener el 15 por ciento de coparticipación a las jurisdicciones tras el fallo de Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional esas deducciones.
Para Salta, según las primeras estimaciones oficiales, el próximo año se sumarán transferencias nacionales por más de $2 mil millones. Sin embargo, economistas consultados sostienen que el monto rondará los $3 mil millones, lo que implica un 10% del presupuesto 2016.
El monto es significativo ya que equivale casi a lo que se invertirá en obras públicas en todo el próximo año.
El mayor ingreso será un alivio, sobre todo para las municipalidades -varias de ellas hoy tienen protestas de trabajadores por los incumplimientos de pago-.
El secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Javier Montero, aseguró anoche a El
Tribuno que esos recursos se acogen al mecanismo de coparticipación.
Los reclamos
Ayer la Provincia realizó una doble presentación administrativa ante el Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof, y ante el Banco Nación. Por un lado, exigió el cese del descuento del 15% de los recursos coparticipables e hizo una reserva del reclamo por la deuda pendiente originada por las deducciones de años anteriores.
Estas acciones, encaradas por el ministro de Economía de la Provincia, Carlos Parodi, y la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, se concretaron recién una semana después de que el máximo tribunal fallara a favor de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba y declarara la inconstitucionalidad de los instrumentos que establecían los recortes de la coparticipación a las jurisdicciones para nutrir la caja de la Anses.
Justamente ayer, en el Boletín Oficial de la Nación se publicó el decreto 2635/2015 que establece el cese de las retenciones. Cristina firmó ese instrumento que libera los fondos desde ahora a días del traspaso del mando presidencial a Mauricio Macri.
"De todos modos era importante que la Provincia se expida y hemos hecho reserva de lo que pueda pasar con los fondos retenidos anteriormente", sostuvo Montero sobre la coincidencia del día en que Salta hizo el reclamo y la publicación del decreto.
La deuda es una materia pendiente y su resolución demandará más tiempo. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la coparticipación retenida a Salta acumulada desde 2006 asciende a $8.468 millones. El funcionario no descartó, si no hay una respuesta del Gobierno actual o de la nueva gestión, la vía judicial y hasta la posibilidad de una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.
La noticia del cese de las retenciones de la coparticipación causó revuelo y expectativas entre los intendentes y los legisladores provinciales. No obstante, esperan que se cumpla con el sistema de coparticipación a los municipios y no se haga uso discrecional de los fondos.
Los diputados
El diputado Carlos Zapata expresó ayer a este medio: "Ese dinero debiera volcarse un cien por ciento a la obra publica, dando prioridad a agua y saneamiento". Rechazó que se utilice para gastos corrientes.
Mariano San Millán, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, se mostró más cauteloso a la espera de una mayor definición del monto real que recibirá la Provincia. Agregó que todo lo que ingresará será coparticipado a los 60 municipios. "De eso estamos seguros", sostuvo.
Para el próximo año están previstas transferencias nacionales al Gobierno salteño para gastos corrientes y de capital (obra y compra de maquinarias) por arriba de los $23 mil millones. La Provincia, a su vez, girará a las comunas $3,3 mil millones. Mientras el presupuesto provincial creció un 35%, los giros a los intendentes se elevarán apenas un 22%.
Para Salta, según las primeras estimaciones oficiales, el próximo año se sumarán transferencias nacionales por más de $2 mil millones. Sin embargo, economistas consultados sostienen que el monto rondará los $3 mil millones, lo que implica un 10% del presupuesto 2016.
El monto es significativo ya que equivale casi a lo que se invertirá en obras públicas en todo el próximo año.
El mayor ingreso será un alivio, sobre todo para las municipalidades -varias de ellas hoy tienen protestas de trabajadores por los incumplimientos de pago-.
El secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Javier Montero, aseguró anoche a El
Tribuno que esos recursos se acogen al mecanismo de coparticipación.
Los reclamos
Ayer la Provincia realizó una doble presentación administrativa ante el Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof, y ante el Banco Nación. Por un lado, exigió el cese del descuento del 15% de los recursos coparticipables e hizo una reserva del reclamo por la deuda pendiente originada por las deducciones de años anteriores.
Estas acciones, encaradas por el ministro de Economía de la Provincia, Carlos Parodi, y la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, se concretaron recién una semana después de que el máximo tribunal fallara a favor de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba y declarara la inconstitucionalidad de los instrumentos que establecían los recortes de la coparticipación a las jurisdicciones para nutrir la caja de la Anses.
Justamente ayer, en el Boletín Oficial de la Nación se publicó el decreto 2635/2015 que establece el cese de las retenciones. Cristina firmó ese instrumento que libera los fondos desde ahora a días del traspaso del mando presidencial a Mauricio Macri.
"De todos modos era importante que la Provincia se expida y hemos hecho reserva de lo que pueda pasar con los fondos retenidos anteriormente", sostuvo Montero sobre la coincidencia del día en que Salta hizo el reclamo y la publicación del decreto.
La deuda es una materia pendiente y su resolución demandará más tiempo. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la coparticipación retenida a Salta acumulada desde 2006 asciende a $8.468 millones. El funcionario no descartó, si no hay una respuesta del Gobierno actual o de la nueva gestión, la vía judicial y hasta la posibilidad de una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.
La noticia del cese de las retenciones de la coparticipación causó revuelo y expectativas entre los intendentes y los legisladores provinciales. No obstante, esperan que se cumpla con el sistema de coparticipación a los municipios y no se haga uso discrecional de los fondos.
Los diputados
El diputado Carlos Zapata expresó ayer a este medio: "Ese dinero debiera volcarse un cien por ciento a la obra publica, dando prioridad a agua y saneamiento". Rechazó que se utilice para gastos corrientes.
Mariano San Millán, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, se mostró más cauteloso a la espera de una mayor definición del monto real que recibirá la Provincia. Agregó que todo lo que ingresará será coparticipado a los 60 municipios. "De eso estamos seguros", sostuvo.
Para el próximo año están previstas transferencias nacionales al Gobierno salteño para gastos corrientes y de capital (obra y compra de maquinarias) por arriba de los $23 mil millones. La Provincia, a su vez, girará a las comunas $3,3 mil millones. Mientras el presupuesto provincial creció un 35%, los giros a los intendentes se elevarán apenas un 22%.
Urgen cambios en el reparto
Desde 1994 está pendiente una nueva ley de coparticipación. En la actualidad el reparto es incoherente e incluso mantiene gruesas diferencias en la región. Como se puede ver en el gráfico, a cada salteño le corresponde, según el sistema actual, $12.473. Un catamarqueño, en tanto, recibe el doble.
Aunque el gobernador Urtubey se pronunció por una nueva ley de coparticipación, ¿por qué no llevó, por otra parte, a la Justicia el reclamo por los descuentos?
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